Gabriel Caldes
Miembro del CPI
La Región de Coquimbo es la más afectada del país por la escasez hídrica, según el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas: en los últimos 5 años se han registrado precipitaciones bajo lo normal y los embalses tienen solo un 12% de agua. Por otra parte, las cifras oficiales indican que la producción de fruta ha disminuido entre un 40 y un 65% en el último año, generándose restricción al consumo humano y pérdidas de cultivos.
El Presidente Boric anunció hace algunos meses la construcción de una planta desaladora para las provincias de Elqui y Limarí para enfrentar la crisis hídrica, además de una planta de tratamiento para reutilizar las aguas tratadas y la construcción de pozos.
Sin duda, los anuncios son importantes: son la expresión de una decisión de la autoridad y eso es fundamental, pero no es suficiente. El problema es que no contamos con una infraestructura institucional, políticas públicas y gobernanza tanto nacional como regional o de cuenca y de un marco jurídico que nos permita concretar las soluciones en el tiempo adecuado, diseñar hojas de ruta compartidas, hacer seguimientos y evaluar los resultados.
El problema hídrico no s solo climático, también es político y se debe enfrentar con una mirada más amplia que convoque a los actores hídricos para incorporarlos en el análisis y que los haga parte de esas decisiones. El estudio “Transición Hídrica, el futuro del agua”, concluyó que el 44% de los problemas hídricos del país tienen su origen en la gestión y gobernanza del sector, lo que nos sugiere que no debemos basarnos exclusivamente en lo climático para evaluar las posibles soluciones.
La Región de Coquimbo no es una excepción respecto a la inactividad institucional para concretar soluciones significativas relacionadas con el agua. A partir de eso, surgen preguntas: ¿Qué institución pública o privada construirá y operará la planta desaladora? ¿Quién aportará recursos financieros? ¿Cuánto tiempo demorará la puesta en operaciones? Y a propósito de la ley que permite la construcción de desaladoras aprobada recientemente, ¿será realmente aprovechada?
En paralelo, surgen las interrogantes sobre si aumentarán las tarifas, quién tendrá la propiedad de esos derechos de agua y a quién beneficiará ese proyecto.
Alrededor de cada duda existen sectores, comunidades o grupos, con legítimos intereses políticos, económicos, técnicos, sociales o ambientales que se deben alinear para concretar la inversión. A esto se suma la falta de liderazgo institucional y político que se expresa en la carencia de la búsqueda de consensos que se ha visto reflejada en el debilitamiento de los organismos de cuenca -promocionados por el gobierno-, donde se han demostrado las desconfianzas entre distintos sectores, impidiendo llegar a acuerdos. Hace 20 años no hay avance en este ámbito, pero hoy existe la agravante de que se acabó el tiempo en la Región de Coquimbo.