PAULA NIETO PINO
Abogada y académica Facultad de Cs. Ambientales UdeC
En este momento están en discusión parlamentaria los presupuestos asignados a las distintas reparticiones del aparato estatal. Creo necesario centrar la atención en el presupuesto asignado a la Superintendencia de Medioambiente (SMA), la cual tiene, entre sus principales funciones, fiscalizar instrumentos de gestión ambiental.
Con un presupuesto bastante escueto, pese a un posible aumento de un 4,8 % para el próximo periodo, la SMA recibe la gran mayoría de las denuncias ciudadanas en materia ambiental, por ejemplo, ruidos u olores molestos, afectación de humedales, etc.
Sin embargo, quienes somos parte del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), o estamos vinculados al área ambiental, sabemos que es un organismo sumamente estresado, debido a los pocos recursos que tiene y, por ende, a la poca cantidad de funcionarios a los que puede optar.
Esto es un efecto en cadena y causa mucha desazón en la comunidad, porque si bien la SMA tiene fuertes facultades de fiscalización y sancionatorias, se demora muchísimo tiempo en tramitación y más aún en dictar su resolución final.
El actual gobierno, declarado ecológico y auto llamado turquesa, comprometió su apoyo a dichas temáticas, pero es un tanto difícil lograrlo si no se cuentan con los recursos necesarios.
La principal inquietud que tenemos es que cada vez hay nuevos instrumentos que debe fiscalizar la SMA.
En agosto de este año, se publicó la ley 21.595, ley de delitos económicos, donde se tipifican delitos ambientales, donde la SMA también tendrá un rol relevante, junto con la ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor); la ley de cambio climático; la ley de plásticos de un solo uso; más todos los instrumentos de gestión ambiental que deben ser fiscalizados por la SMA.
¿Cómo podemos decir que tenemos un interés ambiental creando nuevas normas que no tienen un correlato presupuestario, o sólo serán de papel? Fiscalizar, pero con el mismo presupuesto, es llevar a una institución no sólo al estrés, sino también a un conflicto debido a la constante insatisfacción que genera, lo cual crea desconfianzas e incertidumbres en la ciudadanía.
A modo de ejemplo, en la región del Biobío hay 1310 unidades fiscalizables y 1213 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), pese a ello, sólo hay seis funcionarios de la oficina regional. Hacemos un llamado de atención: si se crean nuevas leyes, nuevos instrumentos, y si vamos a avanzar en la protección del medio ambiente, la protección del medio ambiente igual necesita, urgentemente, más presupuesto.