El debate político contingente ha visto resurgir esta peligrosa práctica de la invención de enemigos imaginarios.
Rodrigo Castillo Jofré
Abogado, Mg. en Derecho Público.
Colectiva – Justicia en DD.HH.
Varias de las mayores atrocidades cometidas a lo largo del siglo XX en contra de grupos humanos, entre las que se cuentan campañas de exterminio físico, denegación de derechos, desplazamiento forzado y segregación, estuvieron antecedidas de la creación por parte de sus ejecutores de “enemigos imaginarios” que, a los ojos de la población, eran presentados como los culpables de todos los males de la sociedad.
Minorías religiosas o étnicas, personas migrantes de un origen determinado, grupos políticos contrarios a al régimen de turno, aparecían según las circunstancias como el objeto de campañas de difamación que se utilizaron para justificar, en última instancia, la negación de su condición humana y la manipulación del régimen político y legal para contener a la amenaza inventada. Mientras mayor el atropello que debía ejecutarse, más rebuscado resultaba el plan conspirativo que le daba sustento. Por absurdo que resultara, el uso de los medios de comunicación y la manipulación de la opinión pública podían dar resultados de tanto repetir la misma mentira.
En el caso de Chile, en el último medio siglo, la Dictadura Militar fue especialmente prolífica en la manipulación de información para justificar diversos atropellos a los derechos humanos, así como modificaciones al régimen jurídico que pretendían prolongarles en el tiempo y darles un barniz de legitimidad. No se explica, así, la proscripción política y persecución a un sector de la población, sostenidas en los decretos leyes de la Junta Militar, y en el tristemente célebre artículo octavo de la primera versión de la Constitución del 80, sin estas campañas de deshumanización del adversario y la invención de supuestos planes conspirativos.
El debate político contingente ha visto resurgir esta peligrosa práctica de la invención de enemigos imaginarios como forma de dar impulso a ideas incapaces de validarse por sí solas racionalmente. Algunos, incluso, plantean públicamente el sustento de reformas políticas o modificaciones al régimen constitucional en conspiraciones de clase B, bulos sobre la Agenda 2030 (en la versión inventada por ellos), intrigas globales y un sinfín de extravagancias que, de no existir los antecedentes relatados, darían más risa que preocupación. La afirmación de la racionalidad, los argumentos basados en evidencia comprobable y la contrastación de la información, son el mejor antídoto para una incipiente oleada de nuevos enemigos imaginarios que pueden terminar sustentando medidas regresivas, en materias de derechos y libertades públicas.