BERNARDITA VITTINI DE LA B.
Fundación Arturo López Pérez
En una nueva conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, el llamado global a “cerrar la brecha” y trabajar en conjunto “por unos cuidados más justos”, resulta prioritario e impostergable. A más de dos años del inicio de la pandemia, nuestro país evidencia el verdadero impacto del COVID-19 en materia oncológica y las duras consecuencias que deben enfrentar miles de pacientes.
La realidad del cáncer en Chile es alarmante y durante los próximos años el panorama será aún más complejo. En lo que se refiere a lo clínico, un estudio del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, mostró que entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022, los retrasos de garantías GES relacionados con oncología se incrementaron en un 81%, pasando de 8.098 personas en lista de espera a 14.680. No podemos olvidar la falta de infraestructura y capital humano especializado. Por ejemplo, la mayoría de las regiones no cuentan con centros de radioterapia, un tratamiento necesario para más del 50% de los pacientes con diagnóstico de cáncer.
Este escenario no podría estar completo sin integrar el factor socioeconómico de quienes conviven con esta patología, una variable que pasa inadvertida en las grandes discusiones sobre este tema. De hecho, de acuerdo al compendio “Panorama social de los enfermos de cáncer, Chile – 2020”, desarrollado por nuestra Institución a partir de la información recogida por la Encuesta Casen 2020, durante ese año, cerca de 200.000 personas se encontraban en tratamiento por cáncer. De ellas el 55% se identificaba como jefe de hogar y el 26% como pareja del jefe(a) de hogar. Es decir, un alto porcentaje de las personas que enfrentan esta enfermedad cumplen un rol esencial dentro de su núcleo familiar, lo que puede dificultar aún más todo este proceso.
A pesar de lo complejo de la situación, como país debemos entregar nuestro mayor esfuerzo para dar respuestas concretas a quienes más lo necesitan. En el corto plazo, mediante la implementación de una estrategia de trabajo colaborativo con focos sociales y sanitarios, que nos permitan ser más efectivos con los recursos existentes: actualizando y reordenando las listas de espera según tipo de cáncer y grado de letalidad, priorizando los pacientes ya diagnosticados con retrasos en sus tratamientos y acelerando la confirmación de diagnósticos en pacientes con alta probabilidad de cáncer, dejando para una segunda fase aquellos donde la sospecha es menor. Es además crítico asegurar el fortalecimiento de la red de cuidados paliativos y su articulación en la atención primaria, pensando en aquellos pacientes que tuvieron poco acceso a estas terapias durante la pandemia. La reactivación de la red de atención público-privada -implementada exitosamente durante la crisis sanitaria-, es una herramienta disponible que las autoridades podrían utilizar para aumentar la disponibilidad de servicios y dar continuidad a la atención del paciente en las distintas etapas de la enfermedad. En el mediano y largo plazo, la educación de la comunidad sigue siendo prioritaria, así como también la generación de recursos que permitan avanzar en el Plan Nacional del Cáncer.
Como organización especialista en cáncer, estamos abiertos y dispuestos a apoyar y trabajar junto al gobierno en priorizar y avanzar en soluciones concretas, por y para los pacientes oncológicos de nuestro país.