Contar con recintos penitenciarios seguros nos permite contribuir a la seguridad pública y, sin duda, también a la futura reinserción de quienes cumplen sus penas en estos establecimientos.
Claudia Soto Candia
Seremi de Justicia y DD.HH. Región del Biobío
La detención de tres personas, entre ellos dos funcionarios de Gendarmería de Chile, es el resultado de distintos controles y operativos por múltiples delitos asociados principalmente al ingreso de elementos prohibidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Biobío.
La última de estas diligencias fue encabezada por el equipo del Departamento de Investigación Criminal (DICRIM) de Gendarmería, quienes en coordinación con la Fiscalía Regional, lograron positivos resultados durante la semana pasada, en el marco de una investigación por los ilícitos de cohecho, narcotráfico y por infracción a la nueva ley N°21.494 que sanciona el ingreso de elementos prohibidos a recintos penales.
A ese episodio se suma a otro detectado cuando personal de servicio -apostado en un control de acceso- detectó in fraganti a un trabajador de la empresa concesionaria, mientras intentaba ingresar drogas al CCP Biobío.
Parte de este trabajo responde a una política de Seguridad y Contra el Crimen Organizado que ha implementado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde julio del año pasado, a través de distintas medidas, entre las que destacan los allanamientos masivos y coordinados en los recintos carcelarios de todo el país.
De acuerdo con las cifras, en los 10 operativos a nivel nacional que se han realizado entre 2022-2023 se han intervenido 236 unidades penales, con la participación de 15.115 funcionarios y funcionarias de distintos servicios especializados. Todo ello contribuyó a la incautación de 5.806 armas blancas, 2.940 celulares y 18.211 kilos de sustancias ilícitas.
Por todo lo anterior, hoy tenemos la convicción que la seguridad es lo primero. Contar con recintos penitenciarios seguros nos permite contribuir a la seguridad pública y, sin duda, también a la futura reinserción de quienes cumplen sus penas en estos establecimientos, con medidas de este tipo que permiten el retiro y la eliminación de los elementos que permiten el desarrollo de ilícitos al interior de las cárceles.
Si bien siempre será lamentable que funcionarios o funcionarias de Gendarmería se vean involucradas en hechos delictuales, dichas conductas no pueden ser permitidas. Por ello respaldamos las investigaciones y la persecución penal, siempre con estricto apego al debido proceso.
Sabemos y entendemos que los desafíos siguen siendo múltiples y diversos en los recintos penitenciarios de la región. Por este motivo también reafirmamos nuestro compromiso por el trabajo con las autoridades penitenciarias, regionales, de Derechos Humanos y también los gremios para avanzar en las mejores condiciones que posibiliten el éxito de este tipo de planes, que permitirán finalmente separar la paja del trigo.