Claudia Hurtado
Abogada
Seguramente algunos se acuerdan, que después de conocer circunstancias que a los chilenos nos conmovieron y que se referían al trato que niños, niñas y adolescentes al cuidado del Estado recibieron, que surgió después de varios intentos, el “Acuerdo Nacional por la Infancia” que se sustenta en tres ejes fundamentales; la protección integral, la protección a niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulneración de derechos y la protección y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados.
En ese contexto, entre otras cosas lo que se coordino fue la el reemplazo del Servicio Nacional de Menores SENAME, como una manera de suprimir y evitar la desprotección para niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados en sus derechos, evitar la discriminación, la falta de atención en salud mental y los malos tratos.
Así fue como nuestro país inicia la reestructuración de la institucionalidad. Se creó en primer lugar, el “Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia”, que en términos sencillos recibió de Sename, todos los temas vinculados al cuidado personal. El Servicio Mejor Niñez, no ha estado exento de dificultades en su búsqueda permanente de brindar protección especializada a niños, niñas y adolescentes, seguramente debido a la falta de preparación de las personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, la falta de presupuesto nacional y la escasa disposición por generar un cambio cultural.
Al referido servicio, se sumó la semana pasada a través de la promulgación en el Diario Oficial, la creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, que transforma el sistema de atención a los infractores de ley y consagra el cierre paulatino de Sename. Dicha institucionalidad genera en la comunidad mucha expectativa ya que considera un sistema de justicia especializada para las y los adolescentes que se les sancione por infringir la ley.
Sabemos que para generar los cambios no basta sólo con la publicación de leyes es fundamental la voluntad política y el cambio cultural de todos quienes deben participar en la eficacia de la ley.
Se requiere entonces de la voluntad y disposición de colocar a los niños, niñas y adolescentes en el centro del actuar, de atención especializada, de espacios concretos e inmediatos en la institucionalidad publica para poder brindar la atención, de profesionales especializados que estén comprometidos con la reinserción e integración de los adolescentes en la sociedad.
De verdad, esperamos que con la puesta en marcha del “Servicio de Reinserción Social Juvenil”, que para la región del Biobío está considerado para 24 meses después de la entrada en vigencia de la ley, esperamos que el cambio sea efectivo, que todos se sumen para lograr la protección real de los niños, niñas y adolescentes y la reinserción de adolescentes que tanto, han esperado y que ahora tienen una gran oportunidad con la creación de la institucionalidad.