MARCELO SÁNCHEZ
Fundación San Carlos de Maipo
Recientemente se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.527 que crea el Servicio de Reinserción Juvenil, después de 5 años de tramitación. Los siguientes pasos dan cuenta de una implementación gradual del nuevo Servicio, que debiera extenderse por 3 años más.
El nuevo Servicio tiene un especial énfasis en la especialización y profesionalización. Sus altos directivos serán elegidos por el sistema ADP (Alta Dirección Pública), no obstante, habrá un espacio de continuidad laboral para los trabajadores del antiguo Sename, en base a la evaluación de sus trayectorias. Asimismo, se creará un Comité de Estándares y certificación para promover la calidad de la Oferta, donde la intervención se estructurará en base a un Plan que tendrá seguimiento judicial, adicionalmente se crean condiciones para el monitoreo a través de un expediente único de ejecución, se introduce la Mediación Juvenil como una herramienta desde la lógica restaurativa de la Víctima y se incorpora mayor énfasis en los procesos de reinserción, entre otros aspectos.
La lógica del nuevo Servicio es ser parte de un Sistema que está en el marco de la Ley de Garantías de la Niñez, vigente desde marzo de 2022, pero con serios déficits de implementación, tanto en la sede administrativa como en la protección especializada. En efecto, los dispositivos preventivos que reduzcan los factores de riesgo en niños y jóvenes debieran operar desde las “Oficinas Locales”, cuya implementación está fuertemente retrasada, lo que genera impactos en la cronificación de las vulneraciones que terminan en las listas de Espera de “Mejor Niñez”. Asimismo, los dispositivos para cuando los niños ya inician dichas trayectorias han sido insuficientes en cobertura y en resultados.
La evidencia es contundente en demostrar que 7 de cada 10 niños desiste del delito si vuelve al Colegio o a una familia con conductas pro sociales, sin embargo, los recursos y programas de reingreso educativo son escasos frente al universo creciente de exclusión escolar y la oferta disponible para trabajar con familias es hoy más reducida y con menos evidencia que la que existía hace algunos meses. Adicionalmente, crece el involucramiento delictivo de niños en bandas y en delitos graves de alta connotación y se carece de una Agenda Temprana de Prevención Social que se haga cargo del aumento de factores de riesgo como el consumo de alcohol y otras drogas, que son la causa del 30% de los delitos cometidos por niños y están presente en a lo menos el 50% de los casos.
Es indudable que el nuevo servicio cuando se implemente va a ser un elemento con buenas posibilidades de contribuir a la rehabilitación, pero su éxito dependerá de la capacidad de instalarse sobre un Sistema de Protección integral que realmente funcione, para lo cual quedan importantes nudos que deben resolverse con urgencia para que finalmente dejemos de llegar tarde y seamos garantes efectivos del desarrollo positivo de la niñez.