Sindy Salazar Pincheira
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.

A principos de los años 90’ aplaudimos la creación del PRODEMU y del SERNAM como grandes avances en materia de género. En 1999 nos instaron a celebrar la reforma que nos nombraba, por primera vez, en la Constitución para decirnos que éramos iguales ante la ley (art. 19 N° 2.). A su vez, debimos pasar por alto cada vez que el Tribunal Constitucional rechazaba modificaciones al régimen de sociedad conyugal y perpetuaba la discriminación.

Hubo avances importantes, como la ley 20.005 de 2005 sobre el acoso sexual, y otros un tanto mezquinos, como la larga discusión por permitirnos acceder al postinor2 o píldora del día después, que desembocó en 2010 en la la ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Imposible olvidar los emblemáticos argumentos a propósito de la discusión sobre la ley de interrupción del embarazo en tres causales, que estuvo centrada en el derecho de los objetores de conciencia, opacando el pronunciamiento más significativo del fallo del Tribunal Constitucional: las mujeres éramos personas!.

Esta semana se entregó la propuesta de Nueva Constitución a Chile. Luego de un proceso vertiginoso la Convención Constitucional nos propone una democracia paritaria (art. 1 inc. 2º), nos invita a constuir una sociedad que reconozca la diversidad que la compone, reconociendo derechos humanos ausentes en Constituciones anteriores. Esos avances minúsculos de los 90´ hoy se transforman en una posibilidad cierta de poner la dignidad de las personas en el centro. La Constitución de 2022 nos propone consolidar normas contra la violencia, el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, y reconoce la importancia del trabajo doméstico. Un Estado cuidador que nos permite incidir y tomar decisiones públicas asegurando conformación de órganos paritarios.