Con el texto preliminar publicado, no hay excusa para creerle a los malintencionados.
Francisco Fernández Sagardía
Abogado Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.
Estamos en un momento crucial en la historia política, gestado desde hace décadas a raíz de las desigualdades generadas por un modelo que ha beneficiado a pocos con mucho y a muchos con poco, donde el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza, posicionándonos como el país más desigual de Latinoamérica.
El malestar generalizado salió del activismo, desencadenando y formalizando tres grandes hitos políticos y democráticos: el plebiscito de 2020, en el que la ciudanía decidió que quería una nueva Constitución; la elección de los convencionales constituyentes; y el último eslabón de la cadena, el plebiscito de salida donde debemos aprobar o rechazar la Nueva Constitución.
Es primera vez en la historia de Chile que la Constitución es elaborada por personas elegidas en votación popular. Anteriormente fueron nombradas a dedo, imponiendo sus propios intereses. Los poderes económicos buscan mantener sus privilegios, y ello provoca que la Convención Constitucional deba convivir con el fenómeno de las “fake news”, determinantes en triunfos como el del Bréxit, de Trump y de Bolsonaro. Con todo, se han superado con éxito estas barreras, y ya solo resta el trabajo de la comisión de preámbulo, de Normas Transitorias, y de Armonización.
Uno de los derechos que ha generado mayor discusión es el de propiedad que, por su relevancia, también ha sido objeto de muchas noticias falsas. Se ha dicho, por ejemplo, que Francisca Linconao afirmó que ”todo el sur de Chile nos pertenece”, cuestión posteriormente desmentida. En el mismo sentido, se llegó a decir que “la Convención Constitucional elimina el derecho a la propiedad privada”, cuando aun ni siquiera se discutían los artículos.
Hoy, con el texto preliminar publicado, no hay excusa para creerle a los malintencionados. Y es que las diferencias que se encuentran en el borrador propuesto respecto de lo consagrado en la Constitución de 1980 de la dictadura, son esenciales de incorporar, acordes con la realidad actual y con los estándares internacionales. Es el caso de la función ecológica de la propiedad, la consideración del agua, el aire, los humedales y los bosques nativos, entre otros, como bienes comunes e inapropiables, lo que no tiene nada de apocalíptico, como nos quieren hacer creer.