La vuelta de la Ruta de la Madera al Estado parece ser más bien parte del problema que de la solución.
Oscar Ferrel Bustos
Jefe de División Infraestructura y Transporte
Gobierno Regional del Biobío
La Ruta de la Madera o Ruta 156 fue la primera ruta concesionada del país, partiendo el año 1993 y extendiéndose hasta septiembre de 2013 cuando fue traspasada, en medio de fuertes presiones políticas, desde la concesión “Camino de la Madera” a la administración del Estado.
Es así como entra en operación la plaza fiscal de peaje San Roque, ubicada en el kilómetro 74, con un valor actual de $1.100 para vehículos menores y $5.000 para vehículos pesados. Actualmente transitan por ella un volumen superior a los 5 mil vehículos por día.
A pesar de contar actualmente con un contrato global a cargo del mantenimiento y con contratos específicos de reposición de pavimentos, los accidentes continúan ocurriendo sin observarse una disminución real (promedio de 60 accidentes por año desde 2013). La gran mayoría de ellos, colisiones frontales y volcamiento de camiones de carga. La ruta se caracteriza por una calzada bidireccional, escasas zonas de adelantamiento, zonas inundables ante crecida del río, evasión de sobrepeso en vehículos pesados, limitado control vehicular de Carabineros y altos niveles de fricción lateral.
El traspaso desde Concesiones a Vialidad significó en un primer momento recursos frescos en materia de obras de conservación, pero retrasó finalmente los estudios de cambio de estándar, debido principalmente a los altos montos involucrados (como contexto, la estimación preliminar de la inversión necesaria es de MM$300.000, el FNDR completo año 2022 es de MM$92.000).
De eliminarse las concesiones viales se frenaría dramáticamente la inversión en nueva infraestructura. Adicionalmente, el MOP deberá desembolsar y redirigir una enorme cantidad de recursos y capacidad técnica para efectos de mantención de rutas concesionadas existentes, impidiendo así, entre otros, el desarrollo de exitosos programas de alto impacto, como el de caminos básicos o el de caminos indígenas.
Nuestra realidad regional actual es de una red con un 33% de caminos pavimentados y un 66% en ripio. Poniendo en perspectiva esos números y la brecha a superar (el año 90 la red vial nacional pavimentada era un 14%, hoy es de un 38%), la vuelta de la Ruta de la Madera al Estado parece ser más bien parte del problema que de la solución. Lo anterior no quita que este Gobierno Regional no crea que el sistema de concesiones deba tener una descentralización profunda, tal como propusimos en el Encuentro Nacional de Jefaturas de División de Infraestructura y Transporte. En efecto, consideramos fundamental que se adapte a la óptica regional, mejorando las tarifas en las obras a re licitar, como la Autopista del Itata, y favoreciendo otros aspectos como las soluciones multimodales de movilidad urbana e interurbana.