La aprobación de estas normas constituye no solo un avance para las mujeres y disidencias, sino para toda nuestra sociedad. La perspectiva de género es una herramienta de análisis que persigue un Sistema de Justicia sin discriminación, fortaleciendo su rol y otorgando una legitimidad necesaria para todo Estado de derecho.
María Victoria Ulloa Becerra
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica
El trabajo de la Convención Constitucional ha incorporado transversalmente en el debate las temáticas de género, constituyendo una real oportunidad para equiparar la cancha y alcanzar una igualdad sustantiva.
Un aspecto relevante en ello ha sido el diseño de una Justicia con enfoque de género. Recordemos que en febrero se aprobó el principio de paridad y perspectiva de género, incluyendo el mandato por el cual “Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género”. Ello generó cierto rechazo en un sector que considera que los Tribunales deben resolver con estricto apego a la Ley. Lo que se ignora es que el derecho no es neutral, ya que existen estereotipos de género que impregnan las normas, el análisis de la prueba y las sentencias, constituyendo un obstáculo para que las mujeres y disidencias gocen del acceso a la justicia en condiciones de igualdad. La perspectiva de género, como lo ha dicho nuestra Corte Suprema (2018) constituye una herramienta para ver y entender estas desventajas, evitando que se afecte la imparcialidad judicial.
Por lo anterior, celebramos que el martes 22 de marzo se votara una propuesta normativa que profundiza y concreta el principio de perspectiva de género. Resalta dentro de las normas aprobadas y que pasan al borrador de Nueva Constitución, el deber del sistema de justicia de “adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, disidencias y diversidades sexo genéricas” (art. 21). Así mismo, se crea el Consejo de Justicia, a cargo del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina, incluyendo destacablemente, la obligación de asegurar la capacitación constante de funcionarios/as “con el fin de eliminar estereotipos de género y garantizar la incorporación de la perspectiva de género, el enfoque interseccional y de derechos humanos”.
La aprobación de estas normas constituye no solo un avance para las mujeres y disidencias, sino para toda nuestra sociedad. La perspectiva de género es una herramienta de análisis que persigue un Sistema de Justicia sin discriminación, fortaleciendo su rol y otorgando una legitimidad necesaria para todo Estado de derecho.