Por de pronto, hay que asumir que esta debe constituirse en un aporte para progresar sostenidamente en el proceso de descarbonización y no en un factor adicional de emisiones.
Carlos Cruz
Director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura.
En julio del 2020, cuando la pandemia arreciaba en Chile y el mundo, nos sumamos como CPI a una serie de organizaciones que propusieron al MOP, como encargado del Plan Paso a Paso de contención y reactivación, una serie de iniciativas para hacerse cargo de los problemas de empleo que afectaban a la construcción. A pesar de no haber tenido una interlocución permanente respecto de estas propuestas, hemos podido constatar, a partir de los resultados alcanzados en materias de inversión pública durante los últimos 18 meses, que logramos una plena coincidencia con las autoridades en estos aspectos.
En efecto, el aumento de los contratos de obras tradicionales que ha suscrito el MOP durante este período, los avances en la ejecución de proyectos de EFE y METRO, el destrabamiento de mejoras sustantivas en algunas concesiones que mostraban restricciones como consecuencia de una mayor demanda, y el empuje que se le ha dado a otras, han tenido un efecto importante, al punto que hoy el sector de la construcción cuenta con un nivel de empleo similar al de antes de la pandemia.
Este impulso a la infraestructura debiera ser la tónica que se mantenga durante los próximos años, de modo de contribuir desde esta actividad a nuestro desarrollo.
En el entendido que los recursos públicos serán escasos, es claro que existen las disponibilidades en el sector privado para contribuir con este propósito. Esto queda en evidencia por el interés mostrado por parte de inversionistas extranjeros de participar en las últimas licitaciones- y por las declaraciones de importantes directivos de las principales empresas que operan en este rubro. Su mirada de Chile en una perspectiva de futuro les permite soslayar las incertezas del corto plazo y proyectar sus inversiones, en el convencimiento de que seguiremos siendo confiables, independientemente de quién nos gobierne durante el próximo periodo presidencial.
Esto no nos exime de avanzar en nuevas exigencias para la inversión en infraestructura. Por de pronto, hay que asumir que esta debe constituirse en un aporte para progresar sostenidamente en el proceso de descarbonización y no en un factor adicional de emisiones. De igual forma, las inversiones sectoriales deben contar con la aceptación ciudadana para llevarse a cabo; es la comunidad la que debe valorar el esfuerzo que se hace para dotar al país de mejoras sustantivas en nuestra capacidad de prestar servicios. Por último, es necesario insistir en que inversiones de esta naturaleza deben estar disponibles para someterse al escrutinio público en todas sus fases. Una adecuada gobernanza para el sector es fundamental para contar con la confianza necesaria que facilite el pleno despliegue de los recursos disponibles para mejorar nuestra habitabilidad.