Armonizar las políticas de crecimiento económico, equidad social e igualdad de género aparece como un desafío impostergable que debe responder a las demandas por un nuevo Chile inclusivo, solidario y feminista.
Lay-Len Wong Parra
Abogada
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.
De acuerdo al último informe de ONU Mujeres, 47 millones de mujeres alrededor del mundo caerán en extrema pobreza debido a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del Covid-19.
Sin ir más lejos, la Encuesta Social Covid-19 – realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el INE y el PNUD – ya informaba en junio de 2020 que el 31% de los hogares chilenos no tenía ingresos suficientes para financiar sus gastos básicos y que del universo de hogares cuyo ingreso per cápita había disminuido a un máximo de $150.000 pesos, el 51,9% correspondía a hogares monoparentales de jefatura femenina.
El concepto de “feminización de la pobreza” se comenzó a utilizar, no sin controversia, en la década de los 90’s como forma de incorporar un enfoque de género a su análisis, fundado en el reconocimiento que la realidad de las mujeres es distinta a la de los hombres y como consecuencia de ello, la pobreza también debe mirarse y medirse considerando estas diferencias.
La pobreza como resultado de relaciones de poder que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres en primer lugar, pero también de forma específica a jefas de hogares monoparentales, mujeres pertenecientes a pueblos originarios y tribales, adultas mayores, mujeres rurales, con discapacidades físicas o neurodisidencias y miembras de la comunidad LQTBIQ+, han llevado a ratificar la multidimensionalidad del fenómeno.
Es indispensable, entonces, repensar las formas tradicionales de medición de la pobreza, llamando la atención sobre las dimensiones específicas que explican las desventajas de las mujeres en tiempos de Covid-19: la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado y la pobreza de tiempo asociada a éste; la discriminación laboral y salarial; pero también el impacto desproporcionado que la crisis sanitaria ha tenido en la pérdida de puestos de trabajo femeninos, el incrementos en las tasas de deserción escolar, la disparidad en la distribución de las labores de cuidado y el aumento de las denuncias por violencia de género.
Armonizar las políticas de crecimiento económico, equidad social e igualdad de género aparece como un desafío impostergable que debe responder a las demandas por un nuevo Chile inclusivo, solidario y feminista.