Cruch Bío Bío-Ñuble
Carlos Saavedra Rubilar, rector
Universidad de Concepción.
Darcy Fuenzalida O’Shee, rector
Universidad Técnica Federico Santa María.
Mauricio Cataldo Monsalves, rector
Universidad del Bío-Bío.
Christian Schmitz Vaccaro, rector
Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Los Rectores de las universidades de Concepción, del Bío-Bío, Federico Santa María y Católica de la Santísima Concepción, ante la crisis política, social y moral que ha vivido el país desde el 18 de octubre pasado, han convocado a un grupo de 18 académicos provenientes de las más diversas disciplinas, para iniciar un proceso de reflexión que permitiera establecer los lineamientos futuros en orden a generar propuestas conducentes a un nuevo pacto político-social.
Considerando el documento de trabajo que hemos recibido por parte de este grupo interuniversitario de académicos, los cuatro Rectores declaran:
Ante la crisis política, social y moral, en la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, existe conciencia de la necesidad de que el país establezca un nuevo pacto político-social, traducido en una nueva constitución, y una amplia agenda social que incluya la revisión y construcción de una normativa en temas sociales y de sentido humano. Así, la sociedad chilena debería acoger los siguientes principios rectores:
Un Estado garante de la dignidad de la persona humana, independiente de su condición social, religión, étnica, pensamiento político u orientación sexual. Se fundamentan, desde aquí, los derechos sociales universales y democráticos, de modo de garantizar el derecho a la vida, el desarrollo sostenible, la convivencia pacífica, la vivienda, la salud, la educación, pensiones dignas, trabajo y salarios justos, todo lo anterior desde el principio de justicia distributiva.
Un Estado que reconozca, en su esencia, que la nación la componen mujeres y hombres con distintas culturas y etnias, lenguas, costumbres y creencias, que dan la identidad y riqueza a las diversas comunidades y al país como unidad, cuyo principio rector sea la búsqueda del bien común. De esta forma, la territorialidad, en sus diversas manifestaciones, debe ser protegida y promovida por el Estado con énfasis en el diálogo intercultural, promoviendo el respeto a la diversidad en conexión con los otros y con nuestro territorio.
Un Estado garante de la participación ciudadana informada que se basa en la deliberación para la toma de decisiones y propicia la formación de ciudadanos reflexivos-constructivos, en un contexto social-ético que conecta la relación entre el Estado, la sociedad y las personas.
Un Estado que procure una comunidad política en la cual prime el paradigma de la horizontalidad entre personas, en armonía con el medioambiente, rompiendo así el paradigma entre el ser humano como sujeto y la naturaleza como objeto, y proponiendo políticas públicas territoriales y sustentables que promuevan el interés y las acciones de carácter colectivo y solidario.
Estos principios rectores implican revisar, entre otros, los siguientes temas y normas asociados con ellos:
• Pensiones: con el objeto de construir un sistema de pensiones mínimas que permitan a los jubilados una vida digna, basado en un principio de solidaridad nacional, intergeneracional y horizontal. Dicho modelo debe considerar los cambios demográficos y cautelar la sostenibilidad y el equilibrio financiero del sistema de previsión para no poner en riesgo su proyección a largo plazo.
• Trabajo y remuneraciones: el Estado debería garantizar el desarrollo de un sistema laboral que permita compatibilizar la jornada laboral con los espacios de la vida personal como un eje esencial para el desarrollo integral de las personas y del bienestar del colectivo y de la familia. Igualmente, debería implementarse una política de ingreso mínimo garantizado, que permita, conforme a los promedios de costo de vida territorializados, cubrir de manera digna las necesidades básicas de los beneficiados y beneficiadas. Asimismo, debería garantizarse políticas públicas remunerativas, manteniendo el principio de justicia equitativa entre géneros.
• Educación: considerando que la educación constituye un derecho social al servicio del desarrollo humano en armonía con su medio cultural y ambiental, esta debe enfocarse en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos. Ello implica promover la integración y convivencia social, la búsqueda del bienestar colectivo, el respeto a la diversidad, la justicia social y la dignidad de cada persona. Para producir lo anterior, se debe garantizar el acceso a una educación pública de calidad con pertinencia social y territorial, valorando la participación y el aporte que instituciones de carácter estatal y privado realizan. El Estado debe asegurar acceso a educación con medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades, a partir de la primera infancia y a lo largo de todo el sistema escolar, considerando el respeto de las diferencias de distinto orden, ya sean étnicas, de nacionalidad o de género, entre otras. Es fundamental promover una mayor articulación entre los procesos de formación y el contexto territorial a fin de transitar hacia un modelo de comunidad inclusivo-articulada desde la colaboración entre todas las personas. También se requiere crear y consolidar un proyecto educativo a nivel país que permita la descentralización de la educación, teniendo en cuenta competencias regionales para la determinación de criterios de acreditación, así como otorgando recursos para la investigación, el desarrollo y la creación en todas sus manifestaciones.
• Salud: debe ser entendida como un derecho social garantizado para todos los ciudadanos y ciudadanas, resguardando la calidad, la accesibilidad, la equidad, la oportunidad y la resolutividad. Para esto, es fundamental reconocer que Chile requiere de un sistema sanitario que permita el desarrollo de sus comunidades a lo largo del territorio, que promueva la vida saludable, la salud preventiva, que provea de infraestructura sanitaria equitativa y que empodere a la ciudadanía, por la corresponsabilidad en el cuidado de salud, más allá de la atención. El enfoque de la salud debe tener una visión de sistema centrada en el usuario. Resulta indispensable también fortalecer la coexistencia entre la medicina convencional y la medicina tradicional desde un enfoque intercultural.
• Territorio y Medioambiente: de acuerdo con los principios rectores de sustentabilidad, justicia social, equidad y respeto a la diversidad de pueblos y culturas, se plantea la necesidad de desarrollar una gestión del territorio que evolucione desde un modelo de funcionamiento basado en la explotación de recursos a otro que sitúe su centro en la sustentabilidad real y la comprensión del territorio como derecho (desde el derecho sobre el territorio de los pueblos originarios al derecho medioambiental), vinculando la gestión de áreas urbanas con el entorno rural y apuntando al empleo de energías limpias y el reciclaje. El Estado debe implementar esta política mediante una planificación territorial y ambiental con visión de largo plazo, con énfasis en el desarrollo social y ambientalmente sustentable, que supere la visión extractivista y economicista del modelo actual, basada en la explotación de recursos naturales en forma indiscriminada y con visión de corto plazo, por otro modelo centrado en el conocimiento y en la preservación de los espacios naturales y rurales, el paisaje y el patrimonio, así como la distribución de actividades productivas, infraestructuras, servicios, equipamientos, espacios públicos y zonas verdes de modo sustentable, equitativo, justo e inclusivo en comunas, regiones y el conjunto de la nación.
El Estado debe desarrollar políticas de descentralización, particularmente en relación con la transmisión de competencias y la administración directa de los fondos de desarrollo regional y local, así como la distribución equitativa entre regiones de estos fondos. El Estado debe realizar una gestión equitativa, inclusiva y justa del territorio y su mercado para optimizar su uso y su precio, evitando de esta forma la segregación y el desequilibrio territorial. El Estado debe garantizar un sistema de acceso a la vivienda equitativa, inclusiva, sustentable y justa en diálogo con la ciudadanía. En particular, será un objetivo específico central la construcción de viviendas sociales o económicas no segregadas. La heterogeneidad social y funcional del espacio urbano constituye el factor clave para avanzar hacia ciudades social y ambientalmente sustentables, eficientes y seguras.
• Gobernanza, relación entre Estado y ciudadanía: se debe repensar la relación entre Estado, mercado y sociedad que permita encontrar un nuevo equilibrio entre las demandas de la población y la capacidad de respuesta de los gobiernos. Las demandas sociales actuales se orientan precisamente hacia una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía, particularmente exigiendo un nuevo estilo de hacer políticas públicas en que la sociedad civil juegue un papel significativo en la definición e implementación de los asuntos públicos que le conciernen. Esta nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad debe superar las prácticas centradas solo en el diálogo, las encuestas y la concertación corporativas para dar paso a acciones que, sin descuidar lo anterior, enfaticen el valor de la corresponsabilidad en la construcción del nuevo pacto social que queremos y de las respuestas ciudadanas, locales y de los territorios en los asuntos públicos. La gobernanza del país, así entendida, representa el método para el diseño del pacto social y es el horizonte en la construcción del nuevo Chile.