Es clave entender que este es un proceso de carácter incremental. A medida que la institucionalidad regional se vaya asentando, es posible ir solicitando el traspaso de competencias radicadas en el nivel central hacia la Región.
Marcelo Chávez Velásquez
En el último tiempo es recurrente escuchar voces de analistas, dirigentes políticos y gremiales acerca de la falta de competencias que tendrán los futuros gobernadores regionales que serán elegidos en octubre del próximo año.
A mi entender, esas críticas, que no comparto en absoluto, están fundadas en el desconocimiento sobre la materia, en otras casos por un mal entendido maximalismo y en otros sencillamente esconde el rechazo a elegir a la máxima autoridad regional.
¿Elegiremos un Gobernador Regional sin facultades? No, ya que las atribuciones de los Gobiernos Regionales (Gobernador y Cores), a partir de las reformas introducidas en la Ley de Fortalecimiento Regional (aprobada durante el gobierno anterior), se aumentan y fortalecen. Elaborar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, el diseño, elaboración, aprobación y aplicación de políticas, planes, programas y proyectos en ámbitos tales como desarrollo productivo, ciencia y tecnología, transporte e infraestructura pública, desarrollo social y cultural, la facultad para decidir la localización de la disposición de los residuos sólidos domiciliarios, la regulación de la gobernanza de las áreas metropolitanas, entre otras.
A su vez, se establece la obligatoriedad de los convenios de programación, instrumento clave para llevar adelante obras cuantiosas en recursos, ya que permite aunar voluntades con los ministerios para cofinanciar proyectos que por su envergadura no sería posible realizar sólo con el presupuesto regional.
El anteproyecto regional de inversiones, que constituye una fracción de la cartera de proyectos que los ministerios ejecutaran en la Región, el gobierno regional deberá proceder a su aprobación, cuestión inexistente hasta hoy. Esto obligará a las partes, léase gobierno nacional y regional a acordar las inversiones y no como hoy, donde salvo honrosas excepciones, termina siendo una imposición de Santiago. Seria largo de enumerar todas y cada unas de las facultades, pero se aprecia una batería nada de despreciable. ¿Son suficientes? No, pero prefiero partir a seguir esperando.
Es clave entender que este es un proceso de carácter incremental. A medida que la institucionalidad regional se vaya asentando, es posible ir solicitando el traspaso de competencias radicadas en el nivel central hacia la Región. La ley contempla un procedimiento para hacerla efectiva. De ahí que sostengo el error de los maximalistas, ya que en el afán de querer todo, el proceso de mayor autonomía nunca empieza.
No es baladí elegir democráticamente a la máxima autoridad regional. Es una paso importantísimo para aumentar la intensidad de nuestra democracia regional. A pesar de los pendientes, tendremos un Gobernador Regional, ex Intendente, mirando más hacia el Bío Bío que a la Plaza de la Constitución. Y eso, no es poco.