Ricardo Herrera Q.
Director Adelanta Consulting
La Ley de Quiebras (20.720) promulgada 2014, ha permitido a muchas empresas y personas volver a reemprender, ya sea reorganizando su compañía o haciendo una liquidación de sus activos y pasivos. Conforme a cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), entre enero y septiembre se han ingresado 1.021 procedimientos de reorganización y liquidación, lo que representa un 0,1% del total en el país. Del total de empresas que se han acogido a esta Ley, sólo un 3,6% son procesos de reemprendimiento mientras que el (96,4%) corresponde a liquidación de activos, cifras similares al 2017. La Superir hace un “balance positivo” como una oportunidad para reemprender y volver a empezar, utilizando las vías formales de solución y las herramientas que brinda este ente regulador, de manera gratuita y con el respaldo del Estado.
No obstante, el nuevo marco legal enfrenta aún varios desafíos. Por un lado, es relevante posicionar el espíritu de la Ley en el mercado financiero y que este sector vea estos procesos como positivos para que las sociedades puedan cumplir con sus obligaciones con el fisco, trabajadores, proveedores y acreedores. También es urgente cambiar la normativa de la Tesorería y del SII, adecuando el pago de impuestos en la misma forma y plazo que el resto de los acreedores, situación que hoy no sucede.
Otro aspecto tiene que ver cómo mejorar las regulaciones de la SBIF respecto de empresas en reorganización para lograr mejoras que son necesarias para la continuidad de aquellas sociedades donde lo más relevante es el acceso a Boletas de Garantías la cuales son cruciales para su continuidad operativa.
También la autoridad debiera regular los costos asociados a los servicios de abogados y veedores, dado que los costos actuales son muy altos al existir un mercado poco competitivo y no regulado en esta materia.
Otro desafío tiene que ver con una correcta educación financiera para que las personas y empresas no caigan en el sobreendeudamiento y accedan a este beneficio legal en forma oportuna y no esperar hasta caer en “desgracia” o “quiebra”, lo que muchas veces impide iniciar este proceso con la debida anticipación.
Considerar estos cambios permitirá mejorar el porcentaje de reorganización vs. liquidación de activos, lo que en definitiva se traducirá en la posibilidad de mantener puestos de trabajo, el pago total de las deudas y que las empresas en problemas sigan generando valor agregado.