El crecimiento económico como dogma religioso no hace posible que los individuos prosperen y se protejan de los riesgos.
Andrés Cruz Carrasco
Abogado, Magíster Filosofía Moral UdeC
La competencia social no puede ser algo natural. Para Foucault “Se trata, de alguna manera, de un juego formal entre desigualdades. No es un juego natural entre individuos y comportamientos”. No le corresponde al Estado intervenir para facilitarla o restaurarla siguiendo una lógica economicista.
Lo anterior, por cuanto las consecuencias de una competencia creada pero sin ninguna regulación o con una fiscalización insuficiente, como el desempleo, la pobreza, la disminución de los recursos, la delincuencia y la contaminación si son un problema social que debe abordar la institucionalidad.
La racionalidad política basada en un economicismo extremista hacen que los principios del mercado se extiendan de manera desmedida a todo los ámbitos, deviniendo la desigualdad como algo legítimo e incluso deseado. El crecimiento económico como dogma religioso no hace posible que los individuos prosperen y se protejan de los riesgos, por ello no puede transformarse en el slogan de la política social del gobierno.
Si se compite, deben haber ganadores y muchos perdedores. Esta lógica no puede permear las políticas sociales. Ser emprendedor tiene muchos aspectos positivos, pero ponerle énfasis a la productividad por sobre el producto, aduciendo como ideal la cantidad y no la calidad, divinizando el consumo por sobre la necesidad real, constituye un problema para una sociedad que se construye sobre la base de valores en que el éxito se mide resaltando al que tiene o aparenta más, aunque sea un inútil y lo que hace sea innecesario.
De este modo, la ley es concebida para favorecer la competencia y no los derechos y responsabilidades de cada uno. Al educarse al individuo para competir y no para convivir, se nos ha olvidado lo que es y como se colabora con el otro. El conflicto y la desconfianza se hacen la regla general y todo termina en los tribunales. Hemos perdido toda capacidad para dialogar. Hasta los jueces son considerados consumidores, planteándose técnicas y formalismos para ofrecerle de manera más eficiente un producto, sobre el que deben emitir su preferencia.
La eficiencia del Estado se reduce a determinar si ha favorecido el crecimiento económico y la competencia. Un par de gritos histéricos por unos niños muertos en algún hogar dependiente de un servicio público, una diatriba por el sufrimiento de algunas personas en zonas de sacrificio ambiental, un par de chat en redes sociales para denunciar algún político corrupto bastan. Luego todos nos olvidamos, hasta la próxima tragedia. Por mientras, ¡a seguir compitiendo! ¡Todo por el crecimiento económico!