Cabe preguntarse si la declaración del seremi obedece a simple desconocimiento o al temor a la participación ciudadana.
Paula Nieto Pino
Abogada, Fernández & Nieto Abogados
Académica Facultad de Ciencias Ambientales UdeC
A riesgo de parecer muy jurídica en mi opinión, siento que esta vez es necesario recordar principios del Estado de Derecho tan básicos y, por lo mismo, tan fundamentales que son insoslayables, sobre todo para una autoridad. Me refiero a las opiniones vertidas por el seremi de Economía del Bío Bío en la edición del 03 de noviembre de 2018 en Diario Concepción, tras la cuales no queda más que preguntarse, ¿es simple desconocimiento o se le teme a la participación ciudadana?
Si es simple desconocimiento, me voy a permitir recordarle al Sr. Gutiérrez que la Constitución Política del Estado consagra en su art.7 inc. 2, lo siguiente: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.”
El organismo llamado a la decisión de si se otorga o no PAC, es el Servicio de Evaluación Ambiental, no la cartera de la cual es representante; tampoco decide la cantidad de empleos (en este caso temporales) a los cuales él insistentemente se refiere, y que plantean la duda razonable de que existan directrices gubernamentales no escritas que optan por no considerar la PAC, por verla como un estorbo o una “ralentizadora” de los proyectos, cuando lo único que se logra, es hacer una mejora en la actividad y considerar a los directamente afectados.
En la Constitución de la República, este principio es recogido como un derecho, donde en su último inciso el artículo 1° establece que “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.”
De ahí el título de esta opinión, pues el Sr. Gutiérrez no opina a título personal sino como autoridad, y como tal está llamada a respetar y hacer cumplir el Estado de Derecho. Alguien podrá decirme que el seremi actúa amparado por la libertad de expresión, pero creer esto no sería correcto. Sus declaraciones las hace en su calidad de autoridad pública, de seremi, y esta circunstancia marca una diferencia enorme.
Como sea, sus declaraciones, desafortunadas, apuntan en la dirección contraria a los lentos, pero paulatinos avances que se han ido alcanzado en la legislación chilena. El llamado es a incorporar la participación ciudadana, a que los titulares dejen de temerles y de resistirse a ellas por prejuicios o miedos infundados, a valorarlas como una verdadera oportunidad, como una garantía de continuidad en su operación, y como una gran instancia para tener a la ciudadanía como aliada y no bajo una constante sospecha. Pese a ciertos retrocesos en el último par de años, el mundo va para allá, como lo demuestra el tratado de Escazú, y si no nos sumamos, nuestro país perderá competitividad y credibilidad.