Jorge Condeza Neuber
@jorgecondezan
Días atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó una resolución donde define a la Corrupción como un fenómeno complejo que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad.
Hace una semana sesionó en Concepción el Consejo para la Transparencia, órgano creado por la ley 20285 y que ha significado un gran avance en la forma en que los ciudadanos pueden acceder a la información pública, y un cambio cultural en las instituciones del Estado para generar información que los contribuyentes exigen. La sesión del Concejo fue la primera en regiones y tuvo dos facetas: La primera consistió en una sesión formal donde se analizaron varios amparos por denegación de información, de forma que el público pudiera ver el funcionamiento normal de este órgano como juez de primera instancia y se comprobara que el sistema sí funciona; y la segunda, muy concurrida, que pretendía diagnosticar los resultados de la ley a 10 años de su implementación, y requerir de la ciudadanía los aportes para necesarias modificaciones.
Además, esta semana, se desarrolló en Santiago un seminario denominado “Control y Prevención de la Corrupción desde los parlamentos y otros organismos del Estado” y que estaba organizado por la comisión bicameral de transparencia y el Banco Mundial y a la cual asistieron obviamente parlamentarios y expertos que evaluaron los avances y desafíos que esta materia tiene en Chile y Sudamérica.
Y ahora, en la Cumbre de las Américas el tema corrupción se va tomando la agenda y al menos en el papel nadie quiere quedarse abajo.
A pesar de que estamos frente a un tema complejo y que tenemos armas potentes como la transparencia, nuevas leyes y mucha presión ciudadana, aún hay numerosas trabas, justamente en los estamentos más políticos del Estado. Como muestra solo mencionar que la ley de la transparencia no se aplica a todos y seguimos tolerando que el parlamento se maneje con una comisión de ética que niega la información y donde ellos son juez y parte. O que las irregularidades funcionarias, la antesala de los delitos de corrupción, terminen en falsos sumarios, que los responsables sean sobreseídos o se favorezca la prescripción. O que aun persista el requisito de que los concejos municipales visen la acusación de abandono de deberes o falta a la probidad de los alcaldes.
Hemos avanzado, pero la señal más potente será cuando la ciudadanía perciba un cambio y no como ocurre hoy en que la mayoría piensa que las leyes son letra muerta y en las investigaciones finalmente la corrupción no tiene culpables.