La salida del poder de Pedro Pablo Kuczynski no puede ser considerada una sorpresa. Lo anterior, en virtud que su destitución era inminente y de la que ya había escapado el año pasado. Durante el año y casi 8 meses que duró su Gobierno, PPK se vio envuelto en una serie de escándalos asociados a una corrupción que él había prometido combatir.
Cuando PPK llegó al Palacio Pizarro, y tras vencer por escaso margen en el balotaje a Keiko Fujimori, él señaló que aumentaría las penas y aplicaría con rigurosidad las leyes a la hora de combatir una corrupción que estaba desbocada. Sin embargo, su liderazgo y credibilidad se vieron mermadas ante las acusaciones de corrupción que afectaban a personas de su entorno político y, especialmente, cuando su nombre empezó a asociarse a la empresa brasileña Odebrecht.
Las pruebas de esta asociación provocaron que la Procuraduría Anticorrupción del Perú decidiera investigar a PPK, llegando a develarse un potencial financiamiento irregular de su partido. Para ese entonces, PPK ya había perdido buena parte del crédito que la ciudadanía peruana le había brindado a la hora de confiarle la presidencia; crédito que terminó agotándose cuando en noviembre del año pasado se develara que PPK había sido contratado como asesor de la empresa Odebrecht durante el año 2006.
La negación de PPK de estas imputaciones significó que la investigación sobre su persona se profundizará al punto de descubrirse que él sí había recibido durante el año 2011 aportes de la empresa brasileña para financiar su campaña. En diciembre del año pasado la misma empresa Odebrecht confirmó que sí tuvo vínculos con la Consultora Westfield Capital, propiedad de PPK, pagándole por asesorías más de 780.000 dólares.
Fue en ese contexto, y tras descubrirse que PPK había mentido, que el Congreso peruano aprobó discutir la destitución contra PPK por “incapacidad moral permanente”. Su salida se daba por hecha, pero ésta tuvo un giro drástico. Uno de sus opositores, el diputado Kenji Fujimori y otros legisladores fujimoristas, decidieron romper con el partido que lidera Keyko Kujimori y, con ello, apoyar al mandatario a fin de evitar su destitución.
La explicación de esa jugada se vislumbró un par de días después, cuando PPK decidió indultar a Alberto Fujimori, quien estaba condenado por crímenes de lesa humanidad. Esta decisión, y las nuevas evidencias que mostraban a PPK como un mentiroso y manipulador, provocaron que el Congreso presentara un nuevo pedido de vacancia presidencial. No obstante, la revelación de unos videos en los que se ven a personas cercanas a PPK intentando sobornar a parlamentarios fujimoristas –con el fin de evitar su destitución– fue lo que marcó su final.
PPK, sabiendo que su destitución era inminente prefirió dimitir a fin de evitar la humillación y los efectos políticos y jurídicos que de ahí se derivan.
Pedro Díaz Polanco
Director de la Escuela de Administración Pública
Universidad Austral de Chile