Un nuevo escándalo de corrupción estalló en Argentina, tras la detención de una docena de ex funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo por haber recibido más de US$ 53 millones en coimas.
Los ilícitos, registrados durante cerca de 10 años, quedaron al descubierto gracias a una ardua investigación realizada por un grupo de periodistas del diario La Nación y la justicia argentina, quienes revelaron el contenido de ocho cuadernos que ponen al descubierto detalles como días, horas, direcciones nombres y montos involucrados.
Los escritos fueron entregados por Óscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, uno de los hombres cercanos al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, vinculado a la red de sobornos indagada.
De acuerdo a lo publicado, las pruebas revelan la ruta de las coimas de empresas al Ministerio de Planificación – dirigido por De Vido en aquella época – las cuales eran recogidas por Centeno y para luego ser escondidas en inmuebles calificados como “refugios”.
En esta línea, también se informó que el propio Baratta semanalmente se reunía en la residencia presidencial, La Quinta de Olivos, con Néstor Kirchner o De Vido para coordinar los cobros. A cambio del dinero, los gobiernos kirchneristas otorgaban contratos de obras públicas a las empresas.
Gracias a esta información se concretó una medida sin precedentes. El juez Claudio Bonadio decretó la detención de Baratta, quien había estado preso en 2017 por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado, por su vinculación con la red de coimas.
Junto a Baratta, fueron arrestados Centeno; Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA; Gerardo Ferreyra de Electroingeniería; Carlos Mundin de BTU; Armando Losón de Albanesi y Carlos Wagner de Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, entre otros.
En la lista de sospechosos, sin orden de detención, se encuentra la senadora y ex presidente Cristina Fernández, Julio De Vido, José María Olazagasti, Juan Manuel Abal y Óscar Parrilli, quienes estarán bajo la atenta mirada de la justicia y la prensa trasandina.
La justicia contabilizó respecto a los antecedentes recopilados que figuran al menos US$ 53 millones en sobornos. No obstante, se estima que hubo otros pagos que no quedaron registrados en los cuadernos, lo que elevaría la cifra a más de US$ 160 millones.