Aunque goza de un nivel de aprobación positivo, el Presidente Mauricio Macri le ha dado a su gobierno un sello marcado por medidas que han sido resistidas por algunos sectores de la sociedad argentina. Sin embargo, pese a que generan efectos negativos para su imagen, Macri ha cumplido con las promesas que lo instalaron en la Casa Rosada. Y por más desagradables que puedan resultar, podrían proyectar al país en el concierto local e internacional y al propio mandatario a una eventual reelección.
En ese contexto, el gobierno anunció el miércoles un aumento gradual promedio de 35% a las tarifas del transporte público de la capital argentina y su área metropolitana. La decisión fue dada a conocer por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien informó que los nuevos precios registrarán alzas en febrero, abril y junio de este año, afectando a unos 13 millones de argentinos.
Sin embargo, Dietrich, anunció también que los usuarios que realicen más de un viaje en un lapso de dos horas podrán acceder a descuentos si realizan más de un recorrido, con rebajas de 50% en el segundo viaje y 75% a partir de las siguientes cuatro combinaciones que se tomen en las dos horas siguientes desde que se registró el pago del primer trayecto.
La medida generó reacciones en la población, que se ha visto afectada por el alza de los servicios públicos esenciales, fuertemente subsidiados hasta 2015 por los gobiernos kirchneristas, y que han sufrido incrementos promedio de 400% desde que Macri asumió el poder.
Y si enero empieza difícil para los argentinos, el resto del año trae aún más “medidas antipáticas”, como las llamó el columnista del diario La Nación, Carlos Pagni. Eso porque en febrero se espera el anuncio de un alza sobre las tarifas de la energía eléctrica y en abril del precio del gas.
Todas esta medidas resultan impopulares y se suman a la resistida reforma previsional aprobada en diciembre. En ella el gobierno de Macri logró la luz verde para una modificación en la fórmula con la cual se calculan los pagos de las pensiones, que supondría un ahorro de US$ 5.705 millones para el Fisco.
¿Cómo ha logrado entonces Macri llevar adelante su programa? Para los analistas, parte de la respuesta se debe al importante triunfo político que el Presidente logró en las elecciones legislativas de medio término, en octubre, donde ganó en más de la mitad de las provincias del país, incluidos los cinco distritos más grandes, entre ellos Buenos Aires, donde superó a la ex presidenta Cristina Fernández.
Eso se tradujo en un importante espaldarazo a la gestión de un mandatario que además cuenta con una aprobación del 47%, según una encuesta realizada a comienzos de diciembre por Poliarquía Consultores, y a su capacidad de lograr acuerdos en un Parlamento donde, pese a no contar con la mayoría, se ha aliado con miembros del Partido Justicialista contrarios al kirchnerismo.
Es precisamente ese capital político el que expone Macri con el afán de cosechar resultados concretos en materia económica. A su esfuerzo por reducir el déficit fiscal a 3,2% y alcanzar un crecimiento de 3,5% del PIB para este año, se suma la meta inflacionaria, que fue revisada de 10% a 15% la semana pasada.
Sin embargo, como sostiene Carlos Pagni en su columna de ayer, “en la Casa Rosada esperan que el próximo 18 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) habilite el trámite de incorporación de Argentina, junto con Rumania. (…) Para marzo quedó pendiente la finalización del endiablado acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE (…) El ciclo de aplausos internacionales coronaría con la reunión del G-20 en Buenos Aires”.