Los opositores venezolanos iniciaron este jueves un paro general para exigir al presidente Nicolás Maduro que retira su Asamblea Constituyente, y que se extenderá durante 24 horas.
Venezuela cumple casi cuatro meses de protestas con violentos disturbios y bloqueos de calles, lo que ha dejado a casi un centenar de muertos desde el 1 de abril.
Esta iniciativa fue animada por los 7,6 millones de votantes que participaron en un plebiscito simbólico el pasado domingo contra Maduro y su Constituyente. Y es que dentro de diez días -por iniciativa del presidente- se elegirán a 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna.
Pese a la fuerte presión internacional para que Maduro abandone el proyecto, el mandatario asegura que la Constituyente irá sí o sí “por la paz y la recuperación económica” del país.
“Va, ahora más que nunca”, dijo Maduro el martes, al rechazar amenazas de sanciones económicas del presidente estadounidense, Donald Trump, si avanza la Constituyente.
Este paro es apoyado por los grupos empresariales, cámaras de comercio e industria, parte de los sindicatos, estudiantes y transportistas. Sin embargo, el gobierno controla la estratégica industria petrolera y el sector público con casi tres millones de empleados.
Los empresarios, a quienes Maduro acusa de una “guerra económica” para derrocarlo, apoyan el paro porque creen que la Constituyente instaurará un modelo económico que empeorará la crisis que sufre el país con las mayores reservas petroleras del mundo.
Afectada por una severa escasez de alimentos y medicinas y una voraz inflación, Venezuela perdió el 70% de sus empresas en la última década, y las que quedan funcionan al 30% de su capacidad, según la patronal Fedecámaras.