El perfil de los consumidores corresponde a hombres de nivel socioeconómico bajo y mayores de 45 años (60,6%) y mujeres (39,4%), quienes más consumen tabaco de fuente ilícita, de tal manera, que para hacer las cosas peor, es la población más vulnerable la que resulta más desprotegida por esta forma de comercialización, engañosamente favorable.
El comercio ilegal es una actividad omnipresente en las calles chilenas. Sobre todo en los paseos peatonales, el espacio es literalmente invadido por quienes se dedican a esta práctica, ilegal por dos motivos, por no tener autorización y por expender artículos de procedencia desconocida y que ha llegado a sus manos mediante vías también ilícitas, el daño para el comercio establecido, para las empresas y para el Estado es evidente y considerable.
No es una exclusividad nacional, opera en todas partes, incluso en las capitales del primer mundo, la diferencia puede estar en la voluntad de controlarlo o prohibirlo, en conocimiento del alto costo en popularidad de quien se decide a enfrentarlo, como la presión que se ha ejerce sobre el municipio penquista para prohibir el comercio ilegal y al mismo tiempo, los críticos sociales en defensa de quienes utilizan este medio para ganarse la vida. No es de asombrase que la actividad prospere, porque es más fácil dejar hacer que actuar con la fuerza y determinación que este fenómeno requiere.
Un estudio realizado por el Observatorio del Comercio Ilícito (OCI) y British American Tobacco Chile informa de la magnitud considerable del comercio ilegal de cigarrillos. En Chile, particularmente, el incremente de esta actividad es del orden de 386% en los últimos cinco años. El análisis informa además que el volumen de cigarros en esta condición, que son consumidos en nuestro país, alcanza el 15,2%, con porcentajes diferentes a nivel regional, siendo más alto en el norte y la capital metropolitana.
Así, Chile se posiciona como la segunda nación sudamericana con mayor presencia de comercio ilícito de cigarrillos, tras Brasil que registra cifras sobre 30%, una situación inconfortable, que daña la imagen del país frente a la industria internacional, ya que delata una falencia en el control de mercaderías que se comercializan, con daño financiero para los productores, en el caso específico de cigarrillos o en otras áreas sensibles como software computacional, entre muchas otras posibilidades
En efecto, para Bernardita Silva, directora ejecutiva del Observatorio del Comercio Ilícito (OCI), las cifras son preocupantes porque señalan en primer lugar un inquietante nivel de penetración del comercio ilegal en nuestro país y además un avance cada vez más rápido. En el caso de los cigarrillos el volumen de cigarros ilegales aumentó en un año en cinco puntos porcentuales, pasando de un 11,4% a 15,2%.
Parte de la explicación para el aumento de la demanda de este tipo de productos, sin garantía alguna con respecto a su contenido, es la diferencia enorme de los precios, ya que los productos ilegales pueden ser un 75% más baratos. El asunto es que los precios representan cargas tributarias, impuestas precisamente para tratar de disminuir, o desincentivar el consumo por razones de orden sanitario, si esta barrera desaparece, entonces el consumo se eleva, con aumento de patologías asociadas al consumo de tabaco.
El perfil de los consumidores corresponde a hombres de nivel socioeconómico bajo y mayores de 45 años (60,6%) y mujeres (39,4%) quienes más consumen tabaco de fuente ilícita, de tal manera que, para hacer las cosas peor, es la población más vulnerable la que resulta más desprotegida por esta forma de comercialización, engañosamente favorable. Una faceta aun así minúscula de un problema urbano con solución pendiente.