Por Matías del Río Corral
Con la reciente tramitación del proyecto de reajuste del sueldo mínimo en la Cámara de Diputadas y Diputados, distintos debates económicos y sociales se han reabierto en el Congreso. Uno de ellos es la persistente diferenciación que existe entre el monto para el tramo general -de 18 a 65 años- y el tramo destinado a las personas mayores de 65 años. Surge, entonces, una pregunta incómoda para las políticas públicas: ¿Por qué la tercera edad tiene un sueldo mínimo legalmente inferior?
La primera política de salario mínimo garantizado en Chile nace en 1934. Bajo la Ley 5.350, el Estado estableció un ingreso estándar para proteger a los obreros de la industria del salitre. Esta norma sufrió profundas variaciones con las décadas, expandiéndose al sector público, agrícola e industrial de forma fragmentada.
Posteriormente, en la década de 1970, Chile ratifica convenios clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que decantó en 1973 en la unificación de una política salarial transversal que cubriera por igual a todos los trabajadores del sector público y privado, eliminando las distinciones por rubro productivo.
La igualdad salarial transversal duró poco más de dos décadas. En 1995, con la promulgación de la Ley N°19.392, el legislador introdujo rangos etarios diferenciados. Desde ese momento, cada ley de reajuste anual aprobada en el Congreso ha mantenido el tramo para menores de 18 años y mayores de 65 años indexado a un valor equivalente a solo entre el 70% y el 75% del sueldo mínimo general.
Bajo la ley vigente –Ley N°21.751-, mientras el salario común se fijó en $539.000, el tramo de la tercera edad quedó en $402.082. De aprobarse la nueva propuesta del Ejecutivo, el sueldo senior subiría a $412.938, consolidando una brecha histórica real de $140.595 mensuales menos en comparación con un trabajador más joven por realizar la misma jornada laboral.
Creación propia
Dicha diferenciación nace de una justificación técnica que respondía a un contexto específico: teóricamente, la tercera edad tiene una productividad menor en comparación con el trabajador promedio. Asimismo, según el estado, esto también se plantea como una protección al empleo de los mayores de 65 con el razonamiento de que si se obligara a pagar el sueldo mínimo en su totalidad, las empresas no contrarían a los adultos mayores, un “subsidio implícito” a la contratación: el razonamiento oficial advierte que si se obligara a las empresas -sobre todo a las micro, pequeñas y medianas- a pagar el sueldo mínimo completo, estas evitarían contratar a adultos mayores por considerarlos un costo laboral excesivo, empujándolos a la desocupación o a la informalidad.
Asimismo, la política pública sostiene teóricamente que este menor ingreso laboral se compensa y equilibra porque el adulto mayor recibe de forma paralela la Pensión Garantizada Universal (PGU), un beneficio estatal que eleva sus ingresos totales disponibles sin aumentar el costo de contratación para el empleador.
Un informe técnico elaborado para la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados en mayo de 2025 –disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)-, encendió las alertas al revelar que el sueldo actual para mayores de 65 años ($402.082) se encuentra por debajo de la línea de la pobreza extrema para un hogar promedio en Chile ($416.125). Además, el mismo documento sitúa a Chile como el segundo salario mínimo más bajo de la OCDE en paridad de poder adquisitivo, lo que agrava la precarización de los adultos mayores contratados.
Otro dato no menor es que, según el CENSO del 2024, los adultos mayores representan el 14% de la población chilena, un aumento que contrasta radicalmente con el porcentaje en la década del 90, cuando se implementan estas medidas por tramos: en el CENSO de 1992 la tercera edad representaba solo el 6.6%. De igual manera, la cantidad de personas mayores trabajando -al año 2024- llega al 12,3%, lo que significa un aumenta porcentual de 4,3 puntos en relación con el 2010 según el informe “Fuerza laboral envejecida: entre la extensión de la vida laboral y la informalidad persistente” del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento UC.
El panorama se complica más aún cuando cuando se ven las cifras de informalidad en los mayores de 65 años: según datos del INE (2021), entre los mayores de 65 años, la tasa de informalidad alcanza un 51,8% y es superior en mujeres (58,7%) que en hombres (48,6%).
Organizaciones especialistas como la Fundación Conecta Mayor UC denuncian con fuerza que estas políticas responden a una mirada edadista -que se discrimina según la edad- profundamente obsoleta que ya no se justifica en el Chile actual. Expertos de la entidad señalan que medir el valor de un trabajador senior basándose únicamente en la fuerza física ignora factores determinantes en la economía moderna como la resiliencia, la confiabilidad, la responsabilidad y la experiencia acumulada.
De igual forma, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha arremetido contra el nuevo proyecto, quienes a través de un comunicado de redes sociales califican esta medida como “un golpe directo a la dignidad humana” y que la realidad de los adultos mayores es que continúan trabajando por la falta de pensiones dignas.