Congresistas y mundo sindical analizan la idea levantada por el abanderado presidencial de Republicanos, José Antonio Kast.
La propuesta presidencial de José Antonio Kast, denominada “Chao Préstamo al Estado”, ha encendido un nuevo foco de debate en el Biobío.
El plan del abanderado del Partido Republicano plantea eliminar el aporte del 1,5% de la cotización adicional que, bajo la actual reforma previsional, los trabajadores entregan al Estado como un préstamo reembolsable. En su reemplazo, dichos recursos serían destinados íntegramente a las cuentas individuales en las AFP, a través de inversión en instrumentos financieros.
El cambio apuntaría directamente al Seguro Social aprobado en enero pasado con apoyo de Chile Vamos, mecanismo que busca mejorar las pensiones actuales mediante el Beneficio por Años Cotizados. Para Kast, este diseño representa una carga indebida: “Terminaremos con el préstamo de las personas al Estado (…) consolidando que todo el aporte vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”, señala su programa.
Sin embargo, en la región del Biobío la reacción ha sido inmediata y mayoritariamente crítica.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el presidente provincial de Concepción, Mikel Capetillo, fue categórico, señalando que “nosotros siempre hemos planteado que queremos un sistema de seguridad social y no de ahorro. El modelo de AFP no ha funcionado. Hoy, lo que mejora las pensiones no es el mercado, sino la intervención del Estado. Bajo ningún punto de vista estamos de acuerdo con lo propuesto por Kast, porque no plantea una solución real”, sostuvo.
Para el dirigente, la iniciativa del republicano refleja una estrategia más amplia: “La derecha quiere desmantelar al Estado, no quieren que recopile recursos. Con esta reforma había personas que mejorarían sus pensiones, aunque no fuera la solución perfecta. Lo de Kast va en la dirección contraria”.
En el plano político, los parlamentarios de la zona también levantaron críticas.
La diputada Joanna Pérez (Demócratas, Distrito 21) subrayó el impacto fiscal de la medida, aseverando que “es importante que el candidato revele cómo financiará este ‘chao préstamo’. Esto inevitablemente golpeará el gasto social y podría traducirse en recortes de beneficios. No podemos permitir retrocesos ni propuestas que polarizan aún más al país”, advirtió.
“Creo que las propuestas de gobierno deben ser serias y responsables con la ciudadanía y el gasto fiscal, no solo la pirotecnia. Me hubiese gustado que su partido jugara un rol más colaborador en la discusión de este acuerdo transversal y no se hubiese restado y obstaculizado como lo hicieron, porque necesitamos un pacto transversal, grande y unido por el bien de Chile”, comentó la diputada.
Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC, Distrito 20) calificó la idea como “una propuesta sin sentido” y que “quiere desconocer una de las principales reformas de la década con la justificación de ahorrar plata, pero lo que propone son peores pensiones para los adultos mayores. La reforma ya está mostrando beneficios, como el aumento gradual en las pensiones de mayores de 82 años. Kast plantea una posición egoísta que no comparto”, sostuvo.
“Yo quiero ser enfático en decir que la Reforma de Pensiones es un tremendo avance, que va a significar mejores pensiones en el futuro y que ya hoy demuestra que es una política pública que beneficia directamente a los chilenos y chilenas”, terminó indicando el diputado por el distrito 20.
La propuesta del Ejecutivo establece que, junto con la Pensión Garantizada Universal (PGU), los empleadores deberán realizar un aporte adicional del 7%, que se completará en 2033. De ese monto, 4,5% irá a cuentas de capitalización individual y 4% al Seguro Social Previsional, explicó la seremi del Trabajo y Previsión Social en el Biobío, Sandra Quintana.
Raphael Sierra P.
“El seguro cumple un doble objetivo: generar solidaridad intergeneracional y responder a una deuda histórica con los pensionados y pensionadas, que por años han estado bajo la línea de la pobreza”, afirmó la autoridad, destacando además el énfasis en reducir la brecha de género a través de un reconocimiento especial para las mujeres cuidadoras.
“Destacar que esta reforma se discutió en el congreso, en donde están presentes todas las fuerzas políticas que al momento de la votación final, aprobaron la creación del seguro social y el Fondo Autónomo de Protección Previsional, que permite esta mejora en las pensiones. Finalmente, decir que hemos cumplido como gobierno, con lo que se prometió en el programa de generar una reforma de pensiones que ya había esperado demasiado tiempo”, terminó señalando la seremi.
No obstante, la fórmula genera controversia. Según Patricio Gana, socio director de AK Contadores, parte del 1,5% destinado al Seguro Social se traducirá en un instrumento financiero denominado Bono de Seguridad Previsional, que será emitido por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
“Este bono en la práctica es un préstamo obligatorio al Estado de Chile, con baja rentabilidad (entre 3% y 4%), menor a lo que podrían entregar las AFP. Además, incrementa el endeudamiento estatal en un contexto de déficit estructural”, explicó el contador, advirtiendo que los trabajadores no podrán decidir si esos fondos los administra el sector privado.
“Entre los beneficios estarían que se hace necesario aumentar el ahorro individual para mejorar pensiones futuras, aún cuando podría mejorarse la forma de ahorro y que los dineros no vayan a fondos estatales”, comentó Gana.
Así, el debate de fondo enfrenta dos visiones sobre el sistema de pensiones: La que defiende el rol redistributivo del Estado, con instrumentos solidarios que permitan mejorar las pensiones de quienes ya están jubilados y la que promueve Kast, donde los recursos deben permanecer en las cuentas individuales, eliminando cualquier “transferencia” al fisco.