Trabajadores de mar insisten en idea de permitir la captura de jurel y caballa ante la ausencia de sardina y anchoveta.
Las protestas efectuadas por pescadores artesanales del Biobío, en las últimas horas, eran dirigidas contra la negativa del Gobierno a autorizar la captura del jurel y la caballa, esto con el fin de contrarrestar la ausencia de sardina y anchoveta.
Problemática que no es reciente, siendo que el acceso a la sardina se encuentra cerrado a nuevos usuarios y anualmente se establecen cuotas con un límite máximo de captura. Además, se aplican vedas biológicas de reclutamiento y desove. Esto según datos de la propia Subsecretaría de Pesca.
Una situación que afectaría tremendamente a los trabajadores que dependen de la extracción de estos recursos marinos. Sara Garrido, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Artesanales de la Caleta de Coliumo y de la Asociación Gremial de Mujeres de la Pesca del Biobío, explicó lo que supone este escenario a nivel local.
“Las sardinas se encuentran en el agua, el problema es que la cantidad de jurel no la deja llegar a la tierra. Este recurso se encuentra a 5 millas de la orilla y llega naturalmente a la tierra, pero es como si un cerco la estuviera capturando antes de su ingreso”, aseveró Garrido.
Según la dirigente gremial, uno de los principales temores de los pescadores resulta ser la intransigencia de las autoridades al momento de detectar un sobrepaso de la cuota establecida.
“Sería ideal que pudieran flexibilizar ocasionalmente la cantidad de jureles que tienen permitido ingresar. Quizás definirlos como un porcentaje de acompañamiento, eso se debería conversar con la Subsecretaría de Pesca”, afirmó.
Por otra parte, también recalcó la necesidad y obligación de las autoridades de salvaguardar los recursos y el ecosistema de las zonas de pesca. “Espero que el jurel se recupere. Debido a las condiciones ambientales es que nos encontramos frente a estas situaciones que arrojan estos escenarios complejos. Entiendo que no es tan fácil para las instituciones tomar decisiones de este tipo”, aseguró Garrido.
“También hay que entender cómo funciona esto y hasta qué punto estamos dentro de la ley. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Yo hago un llamado a las instituciones, vengan a la región y conversen con los pescadores, vengan con su equipo técnico y jurídico para ver hasta donde está permitido hacer lo que se está haciendo”, agregó.
Continuando con su llamado a las autoridades, Garrido hizo hincapié en las necesidades de los pescadores. “Son miles de familias. Coliumo, San Vicente, Los Rojos, Coronel. Localidades muy afectadas. Hablamos de muchos empleos en peligro y las manifestaciones suelen ser la única forma en la que nos toman en cuenta. Aun así, espero que toda esta situación no pase a mayores”, aseveró la dirigente gremial.
De igual forma se refirió Cristian Arancibia, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío (Ferepa), quien expresó su apoyo con las manifestaciones de los afectados por estas condiciones adversas a su profesión.
“Solidarizamos y empatizamos con las dificultades que están viviendo nuestros compañeros pescadores artesanales pelágicos, que hoy ven una incertidumbre en la posibilidad de desarrollar la actividad pesquera. Con las dificultades que puede traer a sus familias de no tener los recursos suficientes para poder sortear el año”, expresó Arancibia.
“Nosotros esperamos que la decisión que se tome sea beneficiosa para nuestros compañeros pescadores, pero que siempre se ponga el foco en la sustentabilidad de los recursos”, añadió.
El presidente de Ferepa también hizo un llamado a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. “Este tipo de dificultades son las que han desestabilizado la captura de recursos pelágicos. Creemos necesario que se discutan el futuro de las medidas desde la administración pesquera, asignación de cuotas, formas de operación y también las medidas que nos permitan prevenir crisis como estas”, sentenció.
Según Subpesca, la cuota de jurel fue pescada y se tendría que esperar para que se abra nuevamente. La organización aseguró que no puede cambiar ni distribuir cuotas que están delimitadas previamente por el fraccionamiento que tiene la pesquería para la zona (Ley de Pesca vigente, Ley Longueira: 90% industriales, 10% artesanal) y por acuerdos internacionales en el marco de OROP Pacífico Sur.
Sin embargo, aseguraron que se encuentran fomentando el diálogo entre la industria y los armadores del Biobío para que alcancen acuerdos. Desde Subpesca afirmaron estar al tanto de la inequidad existente para la explotación de las pesquerías. Por lo mismo, el proyecto de Nueva Ley de Pesca cuenta con suma urgencia desde su ingreso a tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.
De acuerdo con la organización, este proyecto aumenta las cuotas de fraccionamiento para la pesca artesanal y se guía por los principios de transparencia, equidad y sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.
Por su parte, la diputada local María Candelaria Acevedo, miembro de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas, manifestó su preocupación por esta situación y aseguró haber dialogado con el subsecretario de Pesca en la última sesión de la comisión.
“Esto va más allá de las actuales protestas, reflejándose en la tramitación y aprobación de leyes de remanente los últimos años, permitiendo la pesca de un porcentaje de la cuota asignada en el año siguiente, justamente porque los pescadores responsablemente indican que el recurso no cuenta con el tamaño adecuado”, aseguró la diputada local.
“Necesitamos instrumentos que permitan que el arte de pesca se realice en los tiempos y las formas que correspondan, lo que se debería basar en los ciclos biológicos y no en el calendario anual que históricamente se ha utilizado. En ese sentido, creo que es sumamente pertinente la inyección de recursos a IFOP para que se fortalezca la investigación y para que en el futuro no debamos pasar por este tipo de protestas”, agregó.
Acevedo hizo un llamado al gobierno a que se restablezca el diálogo y se le entreguen soluciones a los cerca de 5 mil trabajadores de la pesca que actualmente se están viendo afectados al no poder trabajar en la sardina y anchoveta.
Desde el Ejecutivo anunciaron querellas tras las manifestaciones de este martes, a propósito de diversos cortes de ruta.