Esto corresponde a 150 proyectos en ejecución en la zona. Ejecutivo sostiene que la medida es necesaria debido a la importancia del sector de la construcción en el empleo y economía.
Un total de 54 empresas constructoras en el Biobío, a través de 150 proyectos que están en ejecución, podrían acceder al decreto que permitirá reajustar el valor de los contratos de obras públicas, que se han visto afectados por el sostenido aumento en los precios de los materiales.
Esto tras el anuncio del Gobierno con la modificación transitoria al Reglamento de Obras Públicas y que tiene efecto en las direcciones del MOP de Obras Portuarias, Vialidad, Aeropuertos, Obras Hidráulicas y Arquitectura. Cuestión que quedó formalizada con la respectiva publicación de decreto en el Diario Oficial.
La modificación al reglamento para los contratos de obras públicas, que en el último tiempo han visto crecer en cerca de un 35% los costos de materiales, según lo informado por gremios del rubro, permitirá reajustar el valor de los pagos pactados con el Estado al momento de la licitación.
“Estamos hablando del orden de 150 contratos y 54 empresas que podrían acogerse al reajuste”, detalló Hugo Cautivo, seremi de Obras Públicas en el Biobío.
Asimismo, el secretario regional ministerial puntualizó los requisitos que deben cumplir las empresas constructoras para poder acceder al reajuste.
“Esto tiene requisitos genéricos para postular, por lo tanto cualquier empresa que hoy tenga un contrato vigente con el Ministerio de Obras Públicas, que tenga un estado de pago a partir de septiembre de 2021, que no haya abandonado una obra y que no se haya puesto término al contrato respectivo, puede aplicar y tiene que elevar una solicitud”, agregó Cautivo.
“Estamos calculando una inversión (regional) entre $35 mil millones y $50 mil millones”, sostuvo el seremi.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción (CChC) reiteran las cifras sobre el número de compañías que podrían entrar a esta modalidad, junto al monto estatal.
Bernardo Suazo, presidente de la CChC, dijo que “hay que señalar que una empresa puede tener más de una obra en ejecución, lo que pasa es que el MOP muchas veces licita por tramos o etapas”, agregó.
Desde el Ejecutivo, sostuvieron que la modificación en el decreto es debido a la importancia que tiene la construcción en la economía del país y la generación de puestos de empleo.
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, dijo que “como gobierno estamos enfocados en la reactivación económica y el empleo, por eso hemos tomado una medida inédita y responsable que reconoce el alza de materiales que han sufrido las empresas en los meses y años anteriores, incorporado un reajuste retroactivo que se podría extender potencialmente a 1.400 contratos a nivel nacional, es decir más de 400 empresas que podrían ser beneficiadas”.
“Para evitar eventuales efectos negativos en la normal ejecución de estos contratos, fundados en la referida distorsión, y considerando que las obras públicas son un instrumento que utiliza el Estado para llevar a cabo las políticas públicas vinculadas al crecimiento económico y a la generación y mantención del empleo, es deber de la Administración adoptar las medidas necesarias para cautelar el correcto y oportuno cumplimiento de su función”, consigna la publicación en el Diario Oficial que modifica la normativa.
Según Suazo, de la Cchc penquista, la actual situación del sector en el Biobío llevará a las constructoras locales a postular para acceder al reajuste. “Todas van a tratar de seguir este procedimiento voluntario para poder paliar, de alguna forma, el gran déficit que van teniendo a medida que están subiendo los materiales y los contratos no se reajustan”, agregó Suazo.
A nivel nacional, la implementación del reajuste polinómico de contratos vigentes ayudaría a 400 empresas constructoras, por lo que impactaría 1.400 proyectos, además de involucrar unos 30 mil empleos, según datos entregados por el Ministerio de Obras Públicas.
Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que todo este plan significa, en materia de gasto fiscal, alrededor de US$380 millones.
Cabe destacar que las empresas pueden postular al reajuste hasta el 31 de marzo de 2023.