Carriel Sur S.A. presentó presuntos atrasos en obras derivados de observaciones del Ministerio. Empresa aspiraba a un pago por más de $6 mil millones.
Por segunda vez en este año el Panel Técnico de Concesiones (PTC) recomendó no acoger una indemnización que pedía Carriel Sur S.A. contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En esta ocasión por supuestos “graves incumplimientos del MOP al Contrato de Concesiones durante el proceso de revisión de los Proyectos de Ingeniería Definitiva (PID)”, como planteó la empresa ante el organismo especializado, y con lo que se exigió un pago de 162.366,09 Unidades de Fomento (UF) más IVA (más de $6 mil 400 millones).
Según la sociedad concesionaria (SC) hubo eventuales retrasos derivados de resoluciones modificatorias al contrato (año 2016) que habrían agregado más obras, y donde habrían existido dilaciones en la aprobación de Proyectos de Ingeniería Definitiva modificados generalmente por observaciones, generando presuntas demoras de hasta más de 300 días en obras, en algunos casos.
“Se trata de un esquema complejo de obligaciones que deben cumplirse dentro de los plazos establecidos, desde que su incumplimiento genera efectos directos en la secuencia constructiva de los proyectos, alterando con ello el Programa de Trabajo acordado entre las partes”, sostuvo la marca privada a través del expediente, entre otras pruebas.
Conocidos los antecedentes de las partes y tras la audiencia pública del 18 de agosto es que este viernes el PTC dio a conocer que “si bien se constataron atrasos del MOP en la revisión de los PID, no hubo retraso en el cumplimiento de los hitos contractuales, a lo que es dable agregar que ambas partes incurrieron en atrasos, por lo que existen responsabilidades compartidas como se analizó en el acápite 10.2 de la presente Recomendación. El programa de ejecución de obras es esencialmente modificable y, en este caso, los cambios que se originaron no fueron de responsabilidad exclusiva del MOP (…) En consecuencia, los eventuales sobrecostos incurridos por la SC deben ser asumidos por ella”.
Esta fue la segunda discrepancia de la concesionaria contra la cartera de Gobierno, durante este 2022.
La primera data del primer semestre de este año donde la sociedad anónima postuló que OO.PP debía hacerse cargo de la merma económica que significó la baja de pasajeros (73% de acuerdo a la sociedad concesionaria) en el momento más agudo de la crisis sanitaria por el Covid-19.
Esto significó una exigencia de US$10 millones de dólares, como compensación. En esa oportunidad el Panel también recomendó no llevar a cabo el pago.