Nuevo estatuto facilita la investigación y persecución, en tiempos de índices de victimización del comercio al alza.
La Cámara de Comercio de Concepción y la propia municipalidad penquista han encendido las alarmas por el descontrol del comercio ilegal, el que, lamentablemente, ya forma parte del paisaje del centro de la capital de la Región del Biobío, siendo la pandemia un acelerante para esta práctica.
De ahí que se reciba de buena forma un esfuerzo legislativo ue busca frenar el descontrolado avance del comercio ilegal, un verdadero flagelo que está marcando la realidad de las principales ciudades chilenas, siendo Talcahuano y Concepción el más alto según último Índice de Victimización de la Cámara Nacional de Comercio, que sitúa a la intercomuna con mayor porcentaje incluso que la comuna de Santiago.
Listo para ser promulgado como ley quedó el proyecto que fortalece las normas para combatir el comercio ilegal y la piratería.
La iniciativa tiene por objeto combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de mecanismos que faciliten la labor investigadora de esos complejos ilícitos.
De acuerdo con lo expresado en el debate esta normativa legal no tiene por objeto perseguir a los vendedores ambulantes, sino entregar herramientas de mejor fiscalización, que permitan identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado que se nutren de este mercado gris, ya que permite aplicar a los jefes de las bandas criminales la figura de asociación ilícita y sancionarlos con penas privativas de libertad.
El senador David Sandoval afirmó que “la situación de este comercio ilícito tiene impactos absolutamente directos. Primero, el desorden general que se produce en las ciudades; la venta de alimentos sin ningún control sanitario, y el daño al comercio establecido, que paga arriendo, patentes, impuestos, contratan mano de obra y se ven enfrentados a la competencia desleal”.
Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, valoró el despacho de la iniciativa y señaló que “al año tenemos transacciones en comercio ilegal que bordean lo mil millones de dólares; tenemos no pago de IVA al Fisco y pérdidas por 160 millones; existen evidentes perjuicios por la ocupación que significa el comercio ilegal en los espacios públicos; los delitos asociados que este conlleva, por ejemplo, uso de armas de fuego, narcotráfico, y también la calidad de los productos, que muchas veces afectan a los consumidores porque no se puede tener ninguna certificación de ello”.
El último informe de “Victimización” de la Cámara Nacional de Comercio correspondiente al primer semestre de 2021, que da cuenta de que un 48% de los locatarios de Concepción y Talcahuano dice tener apostado en las afueras de sus negocios comercio ilegal, con toda la desigualdad de condiciones que ello les significa frente al consumidor.
Y peor aun, es el porcentaje más alto, por sobre el promedio nacional (42%) y por encima de Santiago (47%), lo que demuestra la dimensión del problema que se ha pronunciado notoriamente a partir de la pandemia.
Y hay desazón entre los comerciantes, porque no ven acciones para disminuir los índices y proyectan nulo avance en el tema.
Sí, porque un 67% estimó que el problema va en aumento, mientras que un 23% planteó que se mantiene.
Esto, en total sintonía con lo que han planteado innumerables veces desde la Cámara de Comercio de Concepción, cuya presidenta, Sara Cepeda, ha mostrado insistentemente su preocupación por el incremento sostenido de vendedores ambulantes en las principales calles de Concepción.
“Queremos evitar el apoderamiento de las calles y las riñas que se generan porque esto no es problema social, lo que estamos viendo hoy son verdaderas mafias”, sostuvo la dirigente.