Transitoriedad es uno de los principios básicos a tomar en cuenta a planificar acciones de ayuda social.
El contexto de pandemia ha obligado a idear fórmulas de ayuda económica para posibilitar a las familias a hacer frente a sus efectos: restricciones de movilidad, prohibición de funcionar, suspensión o pérdida de empleo.
En este escenario, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en cumplimiento de su objeto de contribuir al manejo responsable de la política fiscal, enfatizó aspectos de sostenibilidad de las finanzas públicas que recomienda sean ponderados en un eventual acuerdo sobre medidas adicionales para enfrentar la emergencia. “De este modo, se facilitaría su implementación y se contribuiría a la recuperación económica, la generación de empleos e inversión y la mantención de bajos costos en el acceso al crédito para las familias, las empresas y el Estado”.
El CFA recordó que la responsabilidad fiscal es un principio transversal de buen gobierno, que no se vincula necesariamente al tamaño del Estado ni a su rol, y que en las últimas décadas permitió que Chile contase con recursos ahorrados y acceso a fuentes de financiamiento en condiciones favorables para enfrentar esta y otras crisis. Lo anterior, enfatizaron desde el Consejo, es una ventaja que sólo algunos países han tenido, ya sea por sus niveles de desarrollo y/o por el manejo responsable de su política fiscal.
Por ejemplo, propone que las medidas que se defina implementar debieran apuntar a los efectos transitorios de la crisis y, por tanto, ser esencialmente temporales y debiesen tratarse de manera independiente de potenciales reformas que busquen solucionar problemas estructurales de política pública.
Dentro de las posibles fuentes de financiamiento de corto plazo se sugiere explorar una combinación de utilización de ahorros y mayor deuda bruta, en función de la conveniencia de las condiciones crediticias externas o internas y de la mantención de suficientes espacios de liquidez.