El espíritu de la ley que data de 2014 era ofrecer salidas para evitar el cierre de empresas, pero el diagnóstico habla de que la gran mayoría opta por bajar la cortina. Se busca simplificar trámite.
Falta de incentivos para la reorganización de las Micro y Pequeñas empresas (Mipes); tramitación dilatada de procedimientos con pocos bienes; exceso de formalidades y altos costos.
Esto, junto a una utilización maliciosa de los procedimientos concursales e incentivos que impiden maximizar la recuperación en procedimientos pequeños, son los problemas que se han detectado en los procedimientos concursales al alero de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (ex Ley de Quiebras), y que justifica que el Senado esté ad portas de votar cambios de relevancia para el sector Mipe. El diagnóstico también incluye insuficientes incentivos para renegociar y no liquidarse.
Incrementar las tasas de recuperación de créditos promoviendo reestructuraciones de pasivos; crear procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas; incentivar el reingreso del deudor de buena fe al sistema crediticio; y agilizar y simplificar. Esos son los ejes que inspiran la reforma.
El vicepresidente del Retail Financiero, Claudio Ortiz, subrrayó la necesidad de revertir las cifras. “En el 2020 solo un 13% de los procedimientos concursales terminaron en renegociación mientras que el 87% fueron liquidaciones. Nuestro interés es dar vuelta esa estadística. Creemos que la liquidación simplificada debería tener ciertas condiciones para desincentivar su uso. No hay un juicio serio porque la gente declara un par de bienes y los acreedores no llegan al juicio”, planteó.
Sobre los desafíos, la directora de post grados de la USS, Karin Bravo, recordó que la gran mayoría opta por esta última opción, por lo que el objetivo de salvar a las empresas promoviendo que pueda encontrar mejores condiciones financieras con sus acreedores realmente no se cumple. “En la iniciativa actual, se apunta como pilar el incentivo a reingresar a los deudores buenos al sistema crediticio como una forma de revertir esa tendencia. La posibilidad de promover las reorganizaciones permitiría mantener las empresas, evitando con ello la pérdida de puestos de trabajo, lo que es especialmente urgente en tiempos de pandemia”.
Además, puntualizó Karin Bravo, otro de los problemas que se ha observado a la fecha guarda relación con la falta de precisión al momento de definir una empresa deudora o trámites extensos en el proceso de liquidación cuando se trata de empresas con pocos bienes. “Con la propuesta actual, existe un procedimiento más simplificado, con el detalle de la documentación a presentar, monto de los costos iniciales del procedimiento, permitiendo también situaciones de exención del pago de estos costos”.