Rebaja de condena por delitos sexuales: radiografía a los casos ocurridos en el Biobío

Revisión de fallos judiciales permitió identificar la situación de sentenciados por abusos y violaciones en la zona y que ahora accedieron a decretos del Ministerio de Justicia.

Tras una investigación del medio Interferencia que destapó la entrega de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, y la posterior revelación de beneficiados, Diario Concepción revisó antecedentes judiciales para reconstruir los casos y establecer sus vínculos con la Región del Biobío.

Los beneficios fueron concedidos mediante decretos emitidos entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. De acuerdo con los antecedentes difundidos inicialmente por el citado medio, 27 de las 56 rebajas correspondieron a condenados por abuso sexual contra menores y otras 29 a personas sentenciadas por violación.

Posteriormente, BioBioChile identificó a 33 de los beneficiados y revisó expedientes judiciales, informes de Gendarmería y decretos. El artículo periodístico reportó que todos los identificados se encontraban en libertad y expuso antecedentes penitenciarios que, en algunos casos, advertían sobre factores asociados a un alto riesgo de reincidencia, la negación de los delitos y la falta de reconocimiento del daño causado a las víctimas.

En su revisión, Diario Concepción examinó sentencias y resoluciones de la Corte de Apelaciones penquista para reconstruir los antecedentes judiciales de tres condenados vinculados a la zona. Un cuarto nombre coincidió con un registro electoral del Servel asociado a San Pedro de la Paz, aunque no fue posible individualizar su causa penal mediante documentación judicial.

Luis “Quelo” Caamaño

Uno de los casos que concentró mayor atención pública es el de Luis Alberto Caamaño Mora, conocido como el “Hermano Quelo”, quien encabezó una comunidad religiosa en Talcahuano.

Caamaño recibió dos condenas por delitos sexuales contra menores. La primera, dictada en 2007 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, fue de 17 años y un día de presidio por estupro, abuso sexual y violación reiterada contra tres menores.

En 2014 recibió una segunda condena, de cinco años y un día, en San Bernardo, por delitos sexuales contra otras dos niñas. En conjunto, las penas sumaban 22 años y un día.

En una publicación sobre el caso, el medio El Mostrador describió la autoridad religiosa que Caamaño ejercía sobre sus seguidores y expuso antecedentes sobre la utilización de esa posición en el contexto de los delitos. La misma publicación informó sobre el suicidio de una joven vinculada al caso.

El 8 de julio de 2026, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó el Decreto Exento N.º 2126, que concedió a Caamaño una rebaja de 30 meses de condena. Según los antecedentes revisados para esta nota, el beneficio permitió adelantar el término de la pena y Caamaño recuperó la libertad ese mismo día, cuando aún le restaba cerca de un año y medio de presidio por cumplir.

La fecha coincide con la presentación de un recurso de amparo por parte de su defensa, que buscaba reclamar por el reconocimiento de la rebaja. Al día siguiente, una abogada del Ministerio informó a la Corte de Apelaciones de Concepción que el decreto ya había sido dictado y notificado al recinto penitenciario.

La defensa finalmente desistió de la acción judicial después de que se confirmara que Caamaño había recuperado la libertad. La secuencia de estos hechos permite reconstruir cómo se tramitó el beneficio, aunque por sí sola no acredita una actuación irregular por parte del Ministerio.

Luciano Valladares

Luciano Isaías Valladares Jeldres fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción a cinco años y un día de presidio efectivo por violación reiterada, por hechos ocurridos entre marzo y mayo de 2018 en Hualpén.

La sentencia fue dictada el 23 de diciembre de 2023. Posteriormente, su defensa recurrió de nulidad ante el tribunal de alzada, que rechazó la acción el 1 de marzo de 2024 y mantuvo la condena.

Valladares figura en la nómina de beneficiados identificados por BioBioChile. Según ese medio, recibió una rebaja de seis meses mediante un decreto firmado por el subsecretario de Justicia, Luis Silva.

Gabriel Gatica

Gabriel Rosauro Gatica Jara registra dos condenas por abuso sexual de menores de 14 años en causas tramitadas ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción.

En el primer proceso recibió cuatro años de presidio por abuso sexual de una persona menor de 14 años. En esa misma causa fue absuelto de otros cargos, entre ellos uno por violación de una persona menor de 14 años. La Corte de Apelaciones confirmó la condena el 17 de junio de 2022.

En enero de 2023, el cumplimiento efectivo de esa pena fue sustituido por libertad vigilada intensiva. La parte querellante intentó impugnar la decisión, pero la Corte declaró inadmisible el recurso en marzo de ese año, por considerar que no estaba habilitada para recurrir en esa etapa de la ejecución de la condena.

Gatica recibió una segunda condena el 8 de mayo de 2024, esta vez a tres años y un día de presidio por abuso sexual de una persona menor de 14 años, por hechos ocurridos en Talcahuano en 2011.

Inicialmente, el cumplimiento de esta pena también fue sustituido por libertad vigilada intensiva. Sin embargo, el 9 de agosto de 2024, el tribunal de alzada revocó esa decisión y ordenó el cumplimiento efectivo de la pena, considerando los abonos correspondientes.

Gatica también aparece en la nómina de beneficiados difundida por BioBioChile. No obstante, con los antecedentes disponibles no ha sido posible establecer de manera independiente a cuál de sus dos condenas se aplicó la rebaja.

Miguel Alvarado

Miguel Eduardo Alvarado del Valle aparece en la nómina de beneficiados difundida por las versiones de prensa. Según la información publicada por BioBioChile, fue condenado a 14 años de presidio por violación de una menor de 14 años y recibió una rebaja de ocho meses mediante un decreto firmado por Fernando Rabat.

Diario Concepción buscó antecedentes de la causa en el Poder Judicial, pero no logró identificar un expediente que permitiera verificar de manera independiente los antecedentes judiciales asociados a ese nombre.

Por esta razón, no fue posible corroborar documentalmente la condena. Sin embargo, al contrastar datos públicos y consultar los registros electorales del Servel, Diario Concepción encontró una coincidencia con el nombre completo de Alvarado, asociado a la circunscripción de San Pedro de la Paz. No obstante, este registro no permite confirmar, por ahora, que se trate de la misma persona mencionada en la nómina de beneficiados.

Escalada de la controversia

Ahora, el conflicto también se centra en la interpretación de la Ley N.º 19.856, que regula la reducción de condenas asociada, entre otros requisitos, al comportamiento de las personas privadas de libertad.

Una modificación legal de 2022 excluyó del beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores. La discusión jurídica surgió respecto de si esa restricción podía aplicarse a hechos cometidos antes de su entrada en vigor.

El ministro Fernando Rabat defendió inicialmente la tramitación de los decretos argumentando que la cartera debía respetar el criterio que, según sostuvo, había establecido la Corte Suprema en fallos anteriores.

Por ello, la interpretación del Ministerio es que la nueva restricción no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de condenados por hechos anteriores al 9 de febrero de 2022.

La cartera sostuvo que, ante esa interpretación judicial, se encontraba jurídicamente impedida de rechazar las solicitudes por esa causal. En paralelo, el secretario de Estado también ha señalado que la evaluación de los antecedentes individuales corresponde a una comisión especializada, integrada por representantes del sistema judicial y profesionales, mientras que a la cartera le compete formalizar los beneficios que cumplen los requisitos.

No obstante, los decretos no fueron dictados como cumplimiento automático de una orden judicial individual para cada beneficiado.

Según informó Mega Investiga, fuentes del Ministerio habrían dicho que más de 40 de las 56 personas habían acudido previamente a tribunales, después de que comisiones rechazaran sus solicitudes o eliminaran meses de rebaja reconocidos. En esos casos, los tribunales habrían ordenado revisar nuevamente sus antecedentes bajo los criterios jurídicos correspondientes.