Gremios protestaron en Concepción tras la denuncia contra dos funcionarios del centro de Coronel, mientras la dirección del servicio advirtió que los exámenes toxicológicos particulares no cierran la investigación.
Lo que debes saber
• Gremios protestaron en Concepción contra la dirección regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil por la denuncia de consumo de drogas en el Centro de Internación de Coronel.
• Los funcionarios involucrados presentaron exámenes toxicológicos particulares con resultado negativo para frenar el cuestionamiento público.
• La autoridad regional señaló que los tests no cierran la indagatoria, mientras los sindicatos evalúan acciones legales en Contraloría.
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Dirigentes gremiales del Servicio de Reinserción Social Juvenil, de la CUT y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), protestaron este miércoles frente a la dirección regional del servicio en Concepción. La movilización respondió a las recientes declaraciones de la directora regional del Biobío, Tatiana Pedreros, sobre el conocido incidente detectado la semana pasada en el Centro de Internación de Coronel (CIP).
El conflicto se originó tras las afirmaciones emitidas por la directora el pasado jueves, quien señaló públicamente que dos funcionarios habían sido detectados consumiendo marihuana junto a jóvenes privados de libertad.
Raúl Fuentealba, dirigente del personal de reinserción social, informó que dichos funcionarios se hicieron un test de droga, el cual fue practicado de manera voluntaria el sábado pasado para anticiparse a las diligencias del Ministerio Público.
Estos exámenes, según informó Fuentealba, arrojaron un resultado negativo. El dirigente sostuvo que la medida buscó aclarar la situación de inmediato, evitando la espera de hasta dos meses estimada para los peritajes oficiales de la fiscalía.
Por su parte, la presidenta regional de la ANEF, Paulina Ortiz, cuestionó la exposición pública del caso, argumentando que se transgredió la presunción de inocencia y el debido proceso. “No puede ser que las denuncias se hagan a través de los medios de comunicación y se inculpe a las personas sin el debido proceso. Eso es lo mínimo que se le puede garantizar a un funcionario público”, declaró, matizando que eso no resta gravedad a la acusación inicial.
En respuesta a los cuestionamientos, la directora regional, Tatiana Pedreros, indicó que los reportes toxicológicos particulares no cierran la indagatoria en curso. La autoridad enfatizó que existen indicios sobre consumo de sustancias al interior del recinto con la presencia de funcionarios del centro.
“El resultado negativo de los exámenes practicados a dichos funcionarios no agota los hechos materia de investigación. Corresponde esclarecer las circunstancias en que dicho consumo se produjo en su presencia”, explicó.
Como medida paralela, los dirigentes evalúan interponer acciones legales por los delitos de injurias y calumnias, además de haber presentado formalmente un requerimiento ante Contraloría.