Reforma Procesal Civil: comisión asesora espera tener borrador de indicaciones en marzo de 2027

Gonzalo Cortez Matcovich, académico UdeC convocado a integrar la comisión asesora del Ministerio de Justicia, abordó las principales líneas de acción del trabajo prelegislativo y la necesidad de reemplazar el código vigente.

El Gobierno activó su ofensiva para destrabar la Reforma Procesal Civil, proyecto ingresado al Congreso en 2012 que fue aprobado en general por el Senado en 2021, tras superar su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Desde entonces, su discusión particular permanece estancada en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Ahora, el Ministerio de Justicia busca descongelar su tramitación mediante una revisión integral del texto.

En ese contexto, Diario Concepción conversó con Gonzalo Cortez Matcovich, doctor en Derecho y profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, convocado a integrar la Comisión Asesora del Ministerio de Justicia. El académico abordó los cambios que requiere el sistema, el papel de la Corte Suprema y los desafíos de reformar los juicios ejecutivos.

—¿Cómo recibe esta designación y qué significa para usted asumir esta responsabilidad? ¿Cómo espera contribuir a la reforma desde su experiencia académica y profesional?

—La verdad es que me sorprendió el nombramiento. Aunque llevo varios años trabajando en la reforma procesal civil, no siempre se valora la labor que se hace en las universidades regionales. Estoy muy satisfecho y dispuesto a poner todo mi empeño en sacar adelante la reforma.

Hace poco cumplí treinta años como académico en la Universidad de Concepción. Eso, sumado a mi experiencia como abogado en la Corte de Concepción, me ha permitido detectar sus puntos críticos.

—En su primera reunión con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ¿qué materias acordaron abordar y cuáles serán las prioridades de trabajo?

—El ministro Rabat nos propuso un cronograma de trabajo bastante exigente, basado en un Comité Consultivo y una Comisión Asesora. El primero tiene la misión de revisar y actualizar el texto del proyecto de nuevo Código Procesal Civil, mientras que la segunda, de la cual formo parte, debe revisar y elaborar propuestas sobre las materias que quedaron pendientes durante el primer trámite constitucional.

Entre ellas, destaco la regulación de un nuevo procedimiento ejecutivo, el recurso de casación, la incorporación de la mediación judicial como trámite previo para ejercer determinadas acciones civiles y la adecuación del proyecto a los cambios introducidos por la ley de tramitación electrónica y la incorporación de nuevas tecnologías al proceso civil, entre otras.

—¿A su juicio qué materias requieren los cambios más profundos? En particular, ¿mantendría el diseño del recurso extraordinario para uniformar la jurisprudencia o cree necesario revisar el papel de la Corte Suprema en la justicia civil?

—Sin duda, un tema fundamental es el sistema recursivo, tanto en lo que respecta a la impugnación de sentencias dictadas en primera instancia como al rol que le corresponde a la Corte Suprema en esta materia.

La uniformidad de la jurisprudencia representa un valor fundamental. Prácticamente todos los sistemas jurídicos intentan conseguirla en la mayor medida posible, aunque de distintas maneras.

Esta misión es muy difícil de cumplir con unos tribunales que registran más de cincuenta mil ingresos durante el presente año. La capacidad de un tribunal para uniformar sus decisiones es inversamente proporcional al número de asuntos que conoce.

—El Ejecutivo espera presentar indicaciones entre enero y abril de 2027. ¿Es realista ese plazo para un trabajo técnico de esta magnitud? ¿Cuándo esperan tener las primeras propuestas y qué podría retrasar el calendario?

—El cronograma es exigente, pero todos estamos dispuestos a poner todo nuestro empeño para que vea la luz. La idea es que, de aquí a marzo podamos tener preparadas las bases de una propuesta de indicaciones.

—El proyecto lleva 14 años en el Congreso y no registra avances sustantivos desde 2021. ¿A qué atribuye ese estancamiento? ¿Es un problema de voluntad política o hay otros factores?

—Pienso que esto responde a varios factores. Desde luego, el aspecto económico es decisivo, considerando que se trata de una reforma de gran envergadura. Sin embargo, estudios recientes han destacado los costos de no reformar, que superan con creces lo que demandaría implementar un nuevo sistema procesal.

También está el aspecto orgánico, que necesariamente debe acompañar la reforma de los procedimientos y abordar cuestiones clave.

A mi juicio, la implantación de un nuevo Código Procesal Civil es un imperativo. La oralidad, la inmediación y la concentración han puesto en evidencia los defectos de nuestro proceso civil, que data de 1902.

No es razonable que en nuestro ordenamiento coexista un proceso penal, laboral o de familia que mira al siglo XXI, junto a un proceso civil anclado en la época de las carretas. La política de “parcheo legislativo” debe abandonarse.

—Las cobranzas representan una parte importante de la carga de los tribunales civiles. ¿Qué cambios deberían introducirse en los juicios ejecutivos para reducir esa sobrecarga sin debilitar las garantías de los deudores?

—Sin duda, los juicios ejecutivos representan por lejos el mayor ingreso de causas en primera instancia. Esto distrae al juez de sus labores netamente jurisdiccionales y, además, el sistema no es eficiente, porque no termina de cumplir su objetivo básico: reintegrar el patrimonio del acreedor que cuenta con un título al que la ley confiere mérito suficiente para proceder directamente a su cobro.

Las innovaciones deben apuntar, sobre todo, a mejorar su eficacia, introducir mecanismos que faciliten la búsqueda y selección de bienes para el embargo y perfeccionar los sistemas de enajenación de los bienes embargados.

—¿En qué materias tendría sentido incorporar la mediación judicial obligatoria antes de iniciar determinadas acciones civiles? ¿Cómo evitar que se convierta en una etapa adicional que retrase la resolución de los conflictos?

—En lo personal, creo que los sistemas de mediación obligatoria implementados en nuestro país tienen sus luces y sombras, pero no es posible prescindir de ellos. La oferta del sistema de justicia no puede limitarse únicamente a la solución judicial de los conflictos.

En materias de menor cuantía, como los juicios de cobro de pesos, el arrendamiento de bienes o la partición judicial, entre otras, la mediación puede ser una forma mucho más eficaz de resolver las controversias y, al mismo tiempo, descongestionar el aparato judicial.

—¿Tendrán libertad para proponer cambios de fondo, incluso si sus propuestas no coinciden con las preferencias del Ejecutivo?

—En lo personal, no concibo la actividad académica sin libertad ni pensamiento crítico. Conozco prácticamente a todos los integrantes de la comisión. No me cabe duda de que el principal insumo de la comisión será el debate de las ideas, con la disposición a persuadir, pero también a ser persuadido. Esa es una responsabilidad insoslayable.

—¿Qué cambio concreto debería notar una persona con la modernización de la justicia civil? ¿Cómo garantizar que también mejore el acceso a la justicia en zonas rurales y territorios alejados de los principales centros urbanos?

—El ministro Rabat insistió en la necesidad de mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Se trata de una aspiración compartida por todos los actores del sistema, en la que el Poder Judicial ha puesto especial énfasis.

En ese contexto, pienso que contar con procedimientos cuyas reglas sean claras y comprendidas por todos y consideren al usuario como la pieza clave del sistema de enjuiciamiento, va a mejorar, sin duda, la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de nuestra justicia.