El tribunal otorgó tres meses adicionales para realizar peritajes a restos hallados en septiembre y corregir precisiones geográficas al noroeste de la isla Santa María, manteniendo a los imputados con arraigo y firma mensual.
• El Juzgado de Garantía de Coronel amplió en 90 días el plazo de investigación del caso Bruma para realizar peritajes pendientes, incluyendo el análisis de restos hallados el 16 de septiembre.
• La Fiscalía reformalizó la causa para corregir la ubicación geográfica en la formalización, sustituyendo la referencia al noreste de la isla Santa María por noroeste.
• El tribunal levantó la prohibición de comunicación entre los imputados, quienes mantienen arraigo nacional y firma mensual.
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El Juzgado de Garantía de Coronel amplió en 90 días el plazo de investigación del caso Bruma. La resolución busca dar espacio al desarrollo de diligencias que se encuentran pendientes, entre las que destacan peritajes asociados al hallazgo de restos entre los elementos recuperados durante la indagatoria del pasado 16 de septiembre, cuya naturaleza exacta deberá ser determinada por los análisis.
En la misma audiencia, la Fiscalía reformalizó la investigación con el objetivo de precisar la ubicación geográfica consignada en cinco párrafos del escrito de formalización original. De esta manera, se sustituyó la referencia que situaba los hechos al noreste de la isla Santa María, precisando que corresponden al noroeste de dicha zona insular.
Asimismo, el tribunal dejó sin efecto la prohibición de comunicarse entre sí y con la empresa que pesaba sobre los imputados. El levantamiento de esta medida cautelar fue solicitado por la defensa y contó con la no oposición del Ministerio Público, tras considerar que la restricción había sido requerida originalmente por uno de los querellantes y que su eliminación no perjudica las diligencias que permanecen pendientes.
Pese a esta modificación, los imputados continúan sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.
La audiencia contó con la comparecencia, en representación de la Fiscalía del Biobío, del fiscal regional, Roberto Garrido, y el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas.