Minvu aclaró que las deudas comerciales deben exigirse por vía judicial, el alcalde de Concepción ordenó celeridad jurídica para buscar una solución antes del inicio del Rally Biobío.
Lo que debes saber
• Más de mil trabajadores y 50 pymes afectadas por la paralización de obras de la empresa Tapusa protestaron en la Municipalidad de Concepción y el Serviu, exigiendo el pago de deudas tras 100 días de espera.
• El Minvu Biobío aclaró que, aunque ya pagó cotizaciones y sueldos proporcionales a los trabajadores directos hasta el 5 de mayo, no tiene facultades legales para pagar directamente a subcontratistas, por lo que la vía debe ser judicial.
• El alcalde Héctor Muñoz solidarizó con los afectados y pidió celeridad jurídica a su equipo para encontrar una salida, considerando que los trabajadores fijaron el inicio del Rally Biobío (10 de septiembre) como plazo para obtener soluciones.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para revisar todos los detalles, las declaraciones del Gobierno y la respuesta municipal.
La jornada en la capital penquista comenzó marcada por las manifestaciones. Contratistas, subcontratistas y proveedores afectados por las obras paralizadas de la empresa española Tapusa llegaron hasta las afueras de la Municipalidad de Concepción para exigir respuestas, en una marcha que posteriormente se trasladó hasta el Serviu Biobío tras 100 días de gestiones sin soluciones concretas.
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A las afueras de la casa edilicia, Alexis Gaete, vocero de las pymes afectadas, detalló la magnitud de la crisis: la situación repercute directamente en 50 empresas y en más de mil trabajadores.
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En paralelo a la protesta, el Concejo Municipal votaba un tema clave para la ciudad.
Se aprobó, mediante trato directo con Horta Producciones, la asignación de $300 millones de las arcas comunales para realizar la largada protocolar del WRC Rally Biobío 2026, evento fijado para el 10 de septiembre, tal como ocurrió en las ediciones de 2025, 2024 y 2019.
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Este hito se ha convertido en un punto de presión, ya que los manifestantes esperan una resolución antes de que comience el evento tuerca.
Frente a la manifestación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en el Biobío emitió una declaración pública para aclarar su rol en el conflicto.
“Comprendemos la situación que enfrentan los subcontratistas y proveedores de la empresa Tapusa y el impacto económico que el término anticipado de sus contratos ha generado. Sin embargo, como organismo público, nuestro actuar debe ajustarse estrictamente al marco legal vigente”, indica la misiva.
La cartera de Gobierno aseguró que, al asumir el control de las tres obras urbanas involucradas, “actuamos con celeridad para resguardar a los trabajadores”, añadiendo que “en un plazo de 30 días, realizamos el pago de las cotizaciones de los trabajadores dependientes de Tapusa y los montos proporcionales correspondientes hasta el 5 de mayo”.
Respecto a las deudas con terceros, el ministerio precisó que, si bien recibió el petitorio de los dirigentes y mantiene disposición al diálogo, la solución escapa a sus atribuciones administrativas.
“Desde un comienzo hemos señalado con claridad que, en el caso de los subcontratistas y proveedores, la vía para exigir el pago de las obligaciones pendientes es judicial. Hasta la fecha, hemos recibido cinco acciones legales asociadas al caso Tapusa”, explicaron.
El documento argumenta que “Minvu Biobío no mantiene vínculo contractual con los subcontratistas y proveedores de la empresa, por lo que la ley no nos faculta para realizar pagos directos ni efectuar retenciones comerciales fuera de un procedimiento judicial”.
No obstante, aseguraron que prestarán toda la colaboración requerida por los tribunales.
“Al mismo tiempo, es importante precisar que la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento contractual corresponde a la empresa Tapusa. Como Ministerio seguiremos actuando dentro de nuestras competencias para resguardar la continuidad de los proyectos habitacionales y urbanos comprometidos y, especialmente, a las familias beneficiarias de estas obras”, concluye la misiva.
La manifestación también generó la respuesta del alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien dialogó con los dirigentes y expuso la complejidad jurídica para liberar fondos.
“Nosotros como municipio estamos mandatados por la ciudadanía y no podemos llegar y pagar algo y cumplir alguna normativa. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Nosotros ya hemos recibido la boleta de garantía, hemos recibido esos recursos”, indicó el jefe comunal.
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Muñoz abordó el ultimátum puesto por los trabajadores respecto al evento automovilístico de septiembre: “Siempre vamos a dar la cara en este sentido, pero el tema es complejo. Ellos dieron un plazo, que ojalá antes de que se realice el rally haya alguna solución”.
“Así que lo que nos queda a nosotros es analizarlo. Nosotros tampoco nos podemos equivocar en el tema jurídico. Yo sé que en ese sentido yo he pedido celeridad a nuestro administrador, a nuestro director jurídico”, explicó.
El alcalde enfatizó la empatía con los afectados por el abandono de la empresa española. “Yo los (a dirigentes de extrabajadores) recibí en primera instancia, después nuestro equipo técnico también lo recibió. Y la idea es que lo que están viviendo ellos, lo que está viviendo la ciudad, porque aquí son víctimas ellos principalmente, también la ciudad de Concepción ha sido víctima de una empresa que dejó abandonar la obra”, indicó.
“La idea es que se pueda buscar una solución rápido”, concluyó la autoridad.