Acciones judiciales también advierten posible responsabilidad de Empresa de Ferrocarriles y línea San Pedro del Mar. Dos corresponden a familiares y una a EFE, que estima millonarios daños estructurales tras lo ocurrido en Cruce Boca Sur.
Por Christopher Cortez y Marcelo Contreras
Tanto la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) como familiares de quienes fallecieron por el choque ocurrido el pasado 1 de septiembre en el cruce Boca Sur, han interpuesto querellas criminales contra el chofer de la máquina 11 de la línea San Pedro del Mar, y contra todos aquellos que compartan responsabilidad en la tragedia que dejó siete fallecidos.
Ese día, el conductor de la locomoción colectiva, Alejo Santander, se encontraba manejando por el cruce que da ingreso a Boca Sur. Pese a estar la barrera abajo, traspasó la línea ferroviaria, recibiendo el impacto del convoy SFE-101 de la Línea 2 del Biotrén que se dirigía a Coronel.
Las querellas presentadas en el Segundo Juzgado Garantía de San Pedro de la Paz piden una serie de diligencias, algunas incluso coinciden, y donde destaca por ejemplo que se interrogue a Santander sobre la cantidad de horas trabajadas y las bitácoras de las veces que el bus fue a mantención.
Entre varias otras, se solicita también interrogar a la propietaria de la máquina acerca de los contratos y hojas de vida dentro de la empresa del querellado, así como diligencias que involucran la recopilación de material audiovisual como elementos de prueba en la causa.
De las tres acciones legales, una corresponde a EFE, mientras que las otras dos son por parte de familiares de víctimas fatales.
El abogado Ricardo Durán interpuso dos acciones judiciales en representación de tres personas que perdieron a sus seres queridos en la tragedia. En la primera, lo hizo a nombre de Luis Inostroza Quiñones, viudo de Soledad del Carmen Rioseco; y Yiseth Donoso Orellana, madre de Xiomara Inostroza Donoso. Mientras, la segunda la realizó representando a María del Carmen Briceño, madre de Esteban Briceño.
Ambas son querellas criminales contra el conductor del taxibús, Alejo Santander Faúndez (68), y quienes resulten responsables por cuasidelito de homicidio y otros delitos que se desprendan de la investigación.
También se establece una posible responsabilidad penal de la empresa San Pedro del Mar ya que “en los delitos culposos puede haber tanto responsables como sujetos que hayan infringido sus respectivos deberes individuales de cuidado”, dicen los documentos, aludiendo a una eventual negligencia tras no velar por el correcto funcionamiento y organización de la misma, así como de los papeles al día de la micro.
Otra arista de las demandas tiene que ver con la “posible responsabilidad de EFE, como línea investigativa”, debido a que la firma estatal tiene la obligación de mantener en correcto funcionamiento elementos y sistemas de señalización humanos o mecánicos en los cruces ferroviarios públicos.
Es por esto que la acción judicial sugirió varias diligencias, entre las que destacan: averiguar los datos relativos al contrato de la concesión de la línea de taxibuses Sociedad Comercial San Pedro Sur S.A.; se interrogue a la propietaria del bus, Karina Cortés Cortés; requerir a la empresa los contratos de trabajo del chofer, su hoja de vida dentro de la empresa y toda documentación de trabajo que posee con el terminal y la línea de buses; preguntar a Alejo Santander cuántas horas llevaba conduciendo y cuánto rato estuvo sin atención en la carretera; y que él mismo haga entrega de las bitácoras que den constancia de las mantenciones a las que fue sometido el bus durante los últimos dos años.
A lo anterior, suman que Sectra se pronuncie frente a la normativa de barreras de atención frente al cruce doble vía que tenía dos barreras en vez de cuatro; “y que se oficie al Servicio de Salud Concepción para que informe cuántas ambulancias fueron enviadas al lugar, también oficiar al Cesfam de Boca Sur para que informe cuántas ambulancias poseen y el estado en que estaban para el dia del accidente. Lo anterior dado que el pasajero don Roberto Inostroza Quiñones, falleció en circunstancias extrañas, pues el parte señala una cosa y la ficha médica señala que falleció a una hora diferente”, de acuerdo a lo que se observa en los propios oficios judiciales.
La tercera demanda corre por parte de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, interpuesta por el abogado Rodolfo Belmar Lara, en contra del conductor y todos aquellos que resulten responsables, en su calidad de autores, cómplices o encubridores por daños calificados consumados y cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación.
“Producto de su imprudente acción (del chofer) siete pasajeros lamentablemente fallecieron y otros pasajeros sufrieron lesiones de diversa gravedad (…) y tanto el equipo como las catenarias, y por lo menos cuatro postes de ferrocarriles fueron dañados”, expone.
En torno a daños materiales del convoy, añaden que sufrieron perjuicios de diferentes porcentajes en un pantógrafo, un acople automático, un anticlimber y la cabina, elementos que suman preliminarmente $40 millones y 4 mil UF (más de $144 millones 700 mil) por reparación.
Dicha querella pide que se cite a declarar ante el Ministerio Público al querellado; al maquinista del tren involucrado, Nelson González Contreras; y al ayudante de maquinista, Carlos Villar Montecin, entre otras diligencias.
Vale recordar que en caso del conductor del microbús, si bien este está imputado, la Fiscalía todavía no formaliza cargos a la espera que evolucione el estado de salud de este.