En su paso por Concepción el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al clima generado en torno a los 50 años del Golpe de Estado, y sostuvo que pese a toda las polémicas hay acuerdos.
Con el paso de los meses la figura del actual secretario de Estado en la cartera de Justicia y Derechos Humanos ha ido alcanzando una mayor notoriedad. Se ha transformado en un rostro recurrente en temas que van más allá de su Ministerio y que están ligados a la contingencia política.
Y en ese contexto a horas de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Luis Cordero conversó con Diario Concepción sobre la manera en que el país enfrenta la fecha, el esfuerzos por alcanzar consensos y bajo la presión a la idea de que “11” sea una fecha que tenga una sola mirada.
– ¿No le genera frustración o amargura que a medio siglo de ocurrido el Golpe de Estado exista un ánimo tan beligerante, al menos, desde el discurso?
-No, amargura no. Creo que a veces tenemos memoria de corto plazo, como si el pasado hubiera sido más pacífico, y no lo ha sido, lo he dicho en otras ocasiones. Además, Chile desde el retorno a la democracia ha tenido años afiebrados.
Todos reivindicamos la importancia del Presidente Patricio Aylwin, y de la importancia del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, pero en este tiempo olvidamos que ese informe para muchos, incluyendo la oposición de la época, fue calificado como que falseaba la verdad, ¿Alguien se atrevería a decir eso hoy, más allá de algunos comentarios de un par de diputados o diputadas?, hoy día nadie se atrevería a decir que eso es así.
– Entonces, ¿Usted se queda con que pese al clima político hay acuerdos mínimos en torno a la fecha y lo ocurrido tras ella?
-Me quedo con la sensación de que siempre septiembre tiene esta paradoja, que hay mucho desacuerdo y después cuando uno saca el ruido hay al menos dos acuerdos: que los gobiernos democráticos, electos democráticamente no pueden terminar por la fuerza, y la segunda, es que hay condiciones mínimas de dignidad.
O sea, que uno no puede tratar a los opositores políticos como enemigos que justifiquen la supresión de su dignidad básica, y ese consenso de que en Chile existieron violaciones a los derechos humanos y que eso no puede volver a ocurrir, que es lo que está en el corazón del Plan Nacional de Búsqueda.
– Por lo tanto, ¿La pretensión de tener un “clima único” de consenso sobre la fecha es ambicioso, iluso quizá?
-No sé si iluso, creo que es una pretensión permanentemente legítima, es una pretensión, por cierto mía, una aspiración permanente, pero yo me quedo con el vaso medio lleno, y el vaso medio lleno es que el Presidente de la República, Gabriel Boric, propuso una declaración: democracia siempre y derechos humanos. Que esa declaración la suscribieron todos los exPresidentes de la República vivos, que en torno al Plan Nacional de Búsqueda yo no me he encontrado con nadie en la oposición que sostenga que es innecesario, sino que por el contrario, que es una obligación de mínima dignidad. Yo me quedo con eso, con ese compromiso, porque ese compromiso, que es igualmente un compromiso con la memoria, es la única manera de garantía de no repetición.
– ¿No le queda la duda que el Golpe de Estado es un tema que solo importa en determinados círculos y que no es de preocupación del común de las personas?
-Ahí tenemos un tema. Según las cifras, el 70% de los chilenos nacieron después del Golpe, pero también hay otra cosa que es relevante. En el estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (PUC), a propósito de cómo miramos el Golpe hoy, hay un dato que es bien importante, bien relevante, que el 58% de los chilenos considera que el Estado tiene que seguir haciendo acciones activas para mantener la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y yo me quedo con eso.
Me quedo con que probablemente muchos chilenos miran con distancia el Golpe, pero no ven con distancia la Violación de los Derechos Humanos, que yo creo que es la manera de cuidar la democracia. Tener memoria como elemento de la garantía de la no repetición es una manera de cuidar la democracia.
– Por tanto, hay un mínimo de empatía con las víctimas, pero no todas las personas, sectores políticos, gremiales y sociales parecieran tenerla…
-Cuando alguien solo hace el simple ejercicio intelectual de darse cuenta que pudo ser él, o pudo ser su hijo, o pudo ser su pareja, quien por tener simplemente o manifestar una idea política, el que sufrió o fue ejecutado o fue desaparecido o sufrió tortura, prisión política, ese simple ejercicio intelectual creo que genera un nivel de proximidad.
– O sea, ¿Habría un deber de toda la sociedad incluyendo al Estado de empatizar y no olvidar?
-Cuando uno mira los datos de desaparición forzada, el promedio de edad eran 29 años de edad. El 51% de ellos eran obreros o campesinos. Sólo el 20% tenía estudios superiores o técnicos. El 96% son hombres, pero la mayoría de quienes buscan son mujeres. Cuando uno mira esas cifras, uno no puede sino entender que el Estado tiene el deber de mantener la búsqueda. Y si las personas consideran que eso es lo que debe hacer el Estado, es que entonces hay plena conciencia de que esas Violaciones a los Derechos Humanos son inadmisibles. Y creo, que es bueno mirar esos espacios donde está ese acuerdo, porque es la manera en que la memoria puede reivindicar y proteger el futuro también.
Cordero también se refirió a la situación de seguridad que se vive en el país y cómo desde el trabajo del Ministerio se está enfrentando el creciente aumento en el número de personas encarceladas, la construcción de nuevos penales y el aumento de plazas en viejos recintos que vuelven al servicio.
– La decisión del Gobierno está en abrir o cerrar cárceles en el país, ¿Hacia dónde apuntan?
-Lo que pasa es que en un momento determinado la política penitenciaria tomó la decisión de construir centros penitenciarios grandes. El próximo que vamos a inaugurar el otro año es La Laguna en Talca, que es para 2.400 internos, pero eso implicó también cerrar centros penitenciarios más pequeños. Y lo que nosotros estamos trabajando en el contexto de la política penitenciaria y del proyecto de ley que actualmente está en el Congreso para facilitar la reconstrucción y reparación de penales existentes, es habilitar esos penales, porque esos penales permitirían trabajo de segregación más eficaz, sobre todo pensando en mecanismos de reinserción. Entonces, eso nos permite tener mayor ductilidad en la gestión de los establecimientos penitenciarios.
-Entonces, la idea es poder sacar partido a la infraestructura existente además de sumar nuevas cárceles…
-Claro, cómo optimizar los que tenemos, porque hay algunos (penales) que habíamos tomado la decisión de cerrar. Sólo para dar un ejemplo: Río Bueno, que era un penal que en un momento se había tomado la decisión de cerrar, nosotros estamos en un proceso de habilitarlo nuevamente. Lo que quiero decir es que buena parte de mucha infraestructura que se había pensado suprimir o eliminar, no sólo por este modelo de centros de cumplimiento penitenciario más grandes, sino que también por el aumento significativo de personas privadas de libertad que hemos tenido en los últimos meses, producto de varias cosas, entre otras la normalización del sistema después de la pandemia, requiere optimizar todos los centros penitenciarios.
– Es decir, no hay margen para cerrar nada…
-Nosotros teníamos capacidad, hasta antes de estas inauguraciones, para 42.000 personas privadas de libertad, el sistema hoy día está en 52.000, es un número que Gendarmería proyectaba para el segundo semestre del próximo año, entonces es un crecimiento en muy poco tiempo, no hay infraestructura que sea capaz de poder absorber un crecimiento tan grande en tan poco tiempo, entonces inauguraciones como esta y puesta en marcha como el centro de cumplimiento penitenciario de Bio Bio permite, entonces tomar algo más de respiro para mirar también el resto del plan de infraestructura.
– Por tanto, ¿la solución no pasa sólo por construir nuevas cárceles?
-El país se demora mucho tiempo en construir penales y poner los nuevos en marcha. Debe estar entre 12 y 14 años en promedio. Entonces, en el contexto de la política penitenciaria y de lo que hemos conversado con los parlamentarios y las parlamentarias, lo que se ha hecho es definir un mecanismo para la optimización. O sea, para mirar el plan de infraestructura en tres dimensiones:reactivar un plan de infraestructura en una perspectiva de largo plazo, pero en el corto tener reparaciones y habilitaciones en los centros penitenciarios que las requieren para poder ampliar sus capacidades. La segunda es las ampliaciones de centros penitenciarios de mayor magnitud, principalmente los concesionados.. Estamos hablando de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua y Puerto Montt,. Y luego, cárceles nuevas, que están programadas entre 2028-2030 que son dos penales: uno el de Copiapó y otro el de Calama (…)Entonces, inauguraciones y puesta en marcha como la del Centro Penitenciario Bio Bio permite tomar algo más de respiro para mirar el resto del plan de infraestructura.