El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) entregó el resultado de la visita realizada al Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, donde se concentra la mitad de la población penal de la región y que tiene las cifras más altas de riñas a nivel nacional, según se establece en el reporte del organismo.
En un informe de 65 páginas el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) dio cuenta de una cifra que no es para estar orgulloso y es que en el Centro de Cumplimiento Penal Biobío, ubicado a un costado de la cárcel El Manzano y que originalmente era el único recinto de esta naturaleza que opera bajo la modalidad concesión, la principal causa de muerte de los internos es por riña. Es decir, a causa de la agresión de otro interno.
A esta conclusión llegó el organismo tras sistematizar los resultados de su última visita al recinto carcelario, realizada en noviembre del año pasado y cuyo informe fue dado a conocer recientemente.
En el resumen ejecutivo del informe, la CPT los describe de la siguiente manera: “A nivel nacional, en los últimos 6 años la enfermedad es la primera causa de muerte al interior de recintos penitenciarios, seguida de riñas o agresiones. Para el mismo período, en el C.C.P. Biobío la primera causa de muerte es la riña”.
Pero la violencia no es solo un patrimonio de dicho penal, sino que es un fenómeno que se da en todos los recintos del Biobío, como lo consigna el mismo reporte de la CPT, aunque siempre con un marcado énfasis en lo observado en la cárcel concesionada penquista.
“La Región del Biobío aparece como la segunda región con mayor cantidad de riñas entre internos registradas en los últimos 5 años, concentrando un 13,2% (1.248) del total de riñas reportadas en las unidades penitenciarias a nivel nacional (9.488)”.
“A pesar de que el C.C.P. Biobío concentra el 52% de la población penal regional, es la unidad penitenciaria con mayor cantidad de riñas de la Región en los últimos 5 años, concentrando el 71,1% de las riñas a nivel regional”, indicó el organismo.
Las razones que explican esta realidad son varias. Así también lo indica el propio informe, donde se mezclan factores como un alto número de internos con alto y mediano compromiso delictual, los traslados desde otras zonas y desde otras regiones y las sanciones extra reglamentarias, como la interrupción de las visitas por largos periodos de tiempo que en su conjunto van generando un ambiente de tensión permanente.
Así lo sostuvo Luis Vial, encargado del área penitenciaria del Comité en relación con el informe elaborado.
“Casi dos tercios de la población penal que está en el C.C.P. Biobío son de lato compromiso delictual. O sea, estamos hablando de personas que han pasado mucho tiempo en las cárceles, que han sido condenados algunos por delitos graves, y que tiene historias de paso por el sistema penal, desde que son muy jóvenes y es, lo que hace que sean personas difíciles de manejar”, sostuvo como primer análisis Vial.
Si a lo anterior se le agrega el factor traslados, la situación se vuelve todavía más compleja, apuntó el representante del Comité, lo que es caldo de cultivo para las riñas y las agresiones.
“Empieza un conflicto por el territorio, por la ocupación de un territorio y entonces te encuentras con distintos grupos de personas que van a competir de alguna forma por apropiarse de ese espacio y entran en una dinámica con los gendarmes que es muy fuerte”, dijo Vial.
“Junto a eso te encuentras con una oferta de actividades (de reinserción) que es muy limitada y eso se traduce en que el uso del tiempo sea bastante pobre y precario”.
En este escenario Vial subraya otro elemento importante recogido por el informe y que está relacionado con las sanciones que se le aplican a los internos, pero en especial sobre aquellas que sostiene el Comité se aplican de manera paralela al proceso reglamentario regular, como la prohibición de visitas, que impide, por ejemplo, que los internos accedan a elemento de aseo personas y que se traduce nuevamente en potenciales conflictos.
Pero junto a ello, Vial agrega que los funcionarios y la forma en que realizan su trabajo debiera ser corregido en pos de su labor y su bienestar.
“Creo que hay un abuso en cierta forma de la aplicación de sanciones extra reglamentarias. Creo que eso es totalmente corregible, pero requiere un esfuerzo de formación a los funcionarios, pero también la forma en que los funcionarios desarrollan su función”.
“Me refiero a que hay todo un aspecto de cuidado, asociado a la salud mental de estos mismos, lo largo de los turnos. No es lo mismo ser funcionario de módulo que funcionario de un grupo especial. Los funcionarios dentro de los módulos en general tienen una carga muy pesada”, reconoce el encargado del área penitenciaria del Comité.
En torno, a este punto al de las sanciones, Vial agregó que estas se deben aplicar, pero dentro del marco legal.
“Nadie dice que no puedan ejercerse ciertas sanciones, las sanciones tienen que cumplirse, pero lo que no se puede hacer es aplicar sanciones extra reglamentarias. Hay que entregarle los elementos para que los funcionarios hagan su trabajo, pero dentro del marco que corresponde. No pueden cumplir su función cumpliendo delito”, agregó.
En definitiva, el representante del Comité apunta a un tema de fondo y es a que este tipo de situaciones atenta contra la seguridad en general.
“No puedes entregar la gobernabilidad de la cárcel o la gestión de un recinto penal a personas que no lo van a hacer dentro del marco legal, eso genera espacios de impunidad y donde se termina destruyendo el estado de derecho, y eso es muy complicado para la democracia, y es muy complicado incluso en la prevención del delito porque en el fondo lo que terminas generando es el desarrollo de estructuras criminales paralelas”, apuntó Luis Vial.
En tanto, desde la Defensorías Penal Pública (DPP), la encargada regional de defensa penitenciaria, María Cristina Mellgarejo, sostuvo que se le pidió expresamente al Comité que visitará algunos módulos para que pudiesen constatar la realidad de la dinámica que viven los internos, con largas jornadas de encierro, casi nulas actividades de reinserción y con un cada mayor hacinamiento, se indicó.
“Eso que se planteara por parte de la Defensoría lo pudo constatar el Comité, en relación a la escasa visita que tiene las personas que están en estos módulos, ya sea porque son de otras regiones y han sido trasladados sin su consentimiento, lo que provoca desarraigo, pero por otra parte, las personas que si la tenía se establecen algunas sanción es que a veces son extra reglamentarias o legales y que implican la prohibición de visita por varios meses”, comentó.
Respecto a los efectos del informe, Melgarejo agregó que se utilizará en favor de los internos condenados a la hora de solicitar la revisión de las sanciones impuestas y al momento de solicitar beneficios extra carcelarios.
“Esto confirma las aprensiones de parte de la Defensoría y este informe se va hacer valer en las solicitudes que hacen los defensores y defensoras penitenciarias ante los juzgados de garantía, ya sea para que se revoquen las sanciones que no son legales, precisamente a la prohibición de visitas, pero también se pretende que por ejemplo en instancia de libertad condicional se pueda observar que no solo no tiene visitas, si no que tampoco tiene acceso a talleres y a una serie de cuestiones que son necesarias para ir optando a la libertad progresiva”, acotó.
Mientras que, desde el Instituto de Derechos Humanos (Indh), la directora regional, Carolina Chang, aseguró que el resultado del informe, en particular respecto al alto nivel de violencia, podía ser explicado por la falta de infraestructura carcelaria, pero que mucho tenía que ver, la forma en que las personas eran ubicadas dentro del penal.
“Sí es uno de los elementos, pero más allá de contar con más o menos penales, también va en cómo se hace la clasificación al interior y cómo se levantan las alertas. Muchas veces ocurre que las personas privadas de libertad indican que su vida o su integridad física se encuentran en riesgo y esas alertas muchas veces no tiene una respuesta tan rápida y ahí es donde ocurren estas situaciones en términos de vulneraciones a la integridad física o la vida y ahí en general el Estado ha respondido bastante lento en estas situaciones”, dijo Chang.
La abogada también compartió en la baja oferta de actividades de reinserción como otro aspecto que poco ayuda a mejorar el clima al interior del recinto carcelario.
“Se enfoca poco en la reinserción al final del día, porque si a estas personas las tiene completamente alejadas, ahí vas a tener muchos más problemas porque los talleres, tal como dice el informe, son bastante básicos y en pequeñas cantidades para la cantidad de población penal que hay, pero están definidos por la concesión que es lo que licitó el Estado”, aseveró la encargada regional del Indh.
Para entender de donde surge el Comité y porqué realiza este trabajo, hay que entender que el CPT surge de los compromisos internacionales que estado de Chile ha suscrito en este ámbito.
Es por lo que en 2020 se crea este organismo que pasa a formar parte de la institucionalidad nacional e internacional en el ámbito de los Derechos Humanos y cuyo objetivo principal, es prevenir la práctica de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en lugares de privación de libertad.
Por ello, el propio Luis Vial reflexiona sobre el porqué el funcionamiento del Comité para la Prevención de la Tortura y, bajo su mirada, su prevención aporta a una sociedad más segura.
“Son personas que en definitiva van a salir de la cárcel, no van a estar ahí para siempre. Entonces, qué queremos, queremos gente que salga más dañada y que cuando salga cometa más delitos y delitos más violentos o queremos gente que, en definitiva, se pueda reinsertar socialmente y ser un aporte a la sociedad y que, por lo tanto, que las actividades en las que participe adentro de la cárcel permitan un nivel de integración que contribuya a sociedades más justas y pacíficas. Por eso, la frase la prevención funciona, sí efectivamente lo hace, y es muy importante porque permite contribuir a eso”, cerró el encargado del área penitenciaria del CPT.
Consultada la Seremi de Justicia y Derechos Humanos en torno al contenido del informe y sus conclusiones, se indicó que aún no había un pronunciamiento porque a nivel central el documento estaba bajo análisis y que tampoco había llegado a la zona de manera formal, como tampoco a Gendarmería en la zona.