Según jefes comunales locales ya se habría acordado el estudio de la nueva normativa y la creación de una comisión de Asuntos Forestales.
Luego de los incendios forestales sufridos en la Región, Ñuble y Araucanía, se esperan medidas de prevención antes de que llegue el próximo verano y se corra el mismo riesgo.
La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, opina que la clave está en realizar cambios legislativos en los que se considere la regulación del territorio rural, ya que, en sus palabras “la razón del porque los incendios se propagan y se convierten en mega incendios es la mala regulación”. Esto permitiría que se hiciera una planificación del territorio rural y además se establezcan límites a la industria forestal. La jefa comunal indica que “no hay planos reguladores. Entre los gobiernos locales pequeños tienen planos muy antiguos, por ejemplo, el de Santa Juana es del 2006. Los actores a los que les corresponde abordar eso no se han puesto de acuerdo para sacar un plano regulador (…) Por eso es que las áreas rurales son tierra de nadie”.
También, se muetra crítica frente a la falta de leyes que debiesen regular las actividades de las empresas forestales. “Estas no tienen ninguna normativa que seguir, no se les obliga a nada. Cuando uno se pone a negociar con esas entidades, hay que pedirles algo prácticamente a modo de favor”, dijo.
En febrero, Ana Albornoz convocó a diez alcaldes de otras comunas afectadas para analizar y acordar cómo enfrentarían los problemas derivados de los incendios. También, a tratar los puntos para establecer estrategias comunes para grandes emergencias, legislar acerca del monocultivo y establecer un plano regulador con enfoque en la ruralidad.
De ese cónclave municipal surgieron dos iniciativas; la primera es el comienzo de un estudio jurídico comparativo de la actual normativa, ya que si se quieren realizar tales cambios, es necesario un proceso de investigación que pruebe la necesidad de ejercer esta regulación, y que, al mismo tiempo, demuestre que la toma de esta medida solucionaría esas dificultades.
Segundo, el proceso de la creación de la Comisión de Asuntos Forestales, en el que el alcalde de San Rosendo quedó a cargo de su respectiva organización (mas detalles en pág. 10).
Sobre el estudio, la líder santajuanina destaca que “entre los puntos que hemos logrado con nuestro estudio es que tras los incendios del 2017 quedó aceptado por toda la investigación que hubo en el Congreso nacional, que debía haber Brigadas de Combate de Incendio con las Fuerzas Armadas (Brife), o sea que no se ha hecho. Segundo, que Conaf tenía que combatir incendios en la noche, ya que ahí es cuando son más mortales para la gente que está descansando. Esta es una institución que debía ser superada ya que no funcionaba, para eso debíamos tener un servicio de áreas protegidas, proyecto que lleva siete años pendiente. Tercero, que se debía dar manejo y apoyo a los pequeños propietarios, que son quienes venden en forma barata a las grandes empresas forestales, pero que no reciben ningún asesoramiento y eso hace que haya más peligro para incendio”.
“Dentro de nuestro estudio comparado, estudiamos Brasil, en ese país la normativa es muy exigente con las empresas forestales, acá en Chile no se les pide nada. Entonces nosotros tenemos que exigirles con normas internacionales porque no hay ninguna normativa al respecto y ese es el sentido del estudio que nosotros tenemos”, agrega la alcaldesa.
Sin embargo, también reconoce que “ha habido buena disposición por parte de algunas empresas forestales como las Empresas Cmpc que nos han escuchado y han entendido que el cambio climático llegó para quedarse”.
Sobre el estudio, concluye que “no es el trabajo de nosotros, pero vemos que ni el poder legislativo ni la clase política del Biobío se han interesado en estos temas. Se acerca una nueva temporada de incendios donde puede fallecer más gente y creemos que nuestra obligación seguir haciéndolo”.
Refiriéndose a la comuna que lidera, la alcaldesa reveló que “hemos solicitado que la comisión de incendios del Congreso nacional sesione en Santa Juana hecho que va a ocurrir el 19 de mayo. Es muy importante que los miembros de esa comisión vengan a terreno, vayan a la cordillera y vean a su alrededor que está todo quemado, que entrevisten a los familiares de los calcinados”.
También explica que “desde Santa Juana hemos tratado de hablar con la ONU, la FAO, y ahí nos están ayudando a hacer presiones internacionales para que podamos conseguir objetivos, por ejemplo, los cortafuegos, la infraestructura, y la seguridad que es tan importante tener en todos los sectores. Tener algo donde la gente pueda evacuar si hay una avalancha, un gran temporal, una inundación, incendio, eso es muy importante y en los territorios rurales no hay nada de eso”.
Cabe recordar que Santa Juana fue una de las comunas más afectadas por los incendios, pues alrededor de 50.550 de las 71.000 hectáreas que componen su territorio fueron arrasadas por este siniestro, lo que representa un 71% del territorio.
Un 45.1% del total de viviendas salió afectada, y de estas, un 41.2% resultaron totalmente destruidas tras la catástrofe.
En el caso de los daminificados de los incendios forestales se contabilizan cerca de 4 mil 800 personas, lo que representa un 35% de la población total de Santa Juana.
Este fue otro de los puntos fuertes tratados en la reunión realizada en febrero. La importancia de la creación de una Comisión de Asuntos Forestales radica, ya que esto permitiría que los municipios puedan tener influencia en el proceso de toma de decisiones respecto del monocultivo en el futuro.
Rabindranath Acuña, alcalde de San Rosendo y presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío (Amrbb), es el encargado de llevar a cabo la conformación de esta comisión. La autoridad explica que hay tres acciones o pasos que se van a tomar desde el punto actual.
El primero se traduce en que se concrete la definición de una mesa directiva de la Comisión de Asuntos Forestales, lo cual se proyecta para este este mismo mes de mayo.
Además de la continuación del estudio de la actual normativa, al que se refería la alcaldesa santajuanina.
El alcalde de San Rosendo explica que “también queremos estudiar la catástrofe, y escuchar otras voces como, por ejemplo, la de la academia con respecto a cómo se va a enfrentar el cambio climático y cómo afecta a las condiciones propicias para la generación de estos desastres”.
A renglón seguid, aclara el alcance que pretende tener el estudio. “También queremos escuchar a empresas que actualmente hacen el uso de la legislación vigente en términos de seguridad, y a otras que están aplicando una autorregulación. Nos interesa saber de primera fuente, que es lo que ellos están haciendo en preparación a las futuras temporadas de grandes incendios”. Además, revela que “no es un trabajo que debería sobrepasar los tres meses”.
Como tercera y última acción, destacá que “deberíamos levantar una propuesta, demanda o petitorio al Gobierno central, también al parlamento de Chile, y, por otra parte, también propuestas que ya van a ser más localista al Gobierno regional en términos de los apoyos que uno pudiera considerar para futuras temporadas”.
En la minuta proporcionada por el mismo Acuña se formula que la creación de la Comisión de Asuntos Forestales de la Amrbb permitiría establecer una contraparte municipal regional, asociada en las conversaciones y acciones que se desarrollen en estos temas a nivel regional o nacional. Tambien, convocar a los actores públicos, privados, académicos, ciudadanos, que permitan una conversación amplia sobre el modo de lograr una convivencia sana y productiva entre las comunidades y la industria forestal; y desarrollar las gestiones que permitan arribar a soluciones y acuerdos concretos en estas materias a favor de los habitantes.
En el mismo documento se reconoce que la Región del Biobío es la de mayor importancia para la industria forestal del país, por lo que, al mismo tiempo, se expresa valoración hacia ese rubro como uno que genera recursos importantes para el país y sostiene un circuito significativo de empleos en la región.
Sin embargo, también se manifiesta que genera una serie de “externalidades indeseables”, además de los riesgos de desastres asociados a los incendios forestales o mega incendios, como, por ejemplo; el deterioro desastroso de infraestructura caminera, puentes, calles y similares; compromisos de los afluentes de agua que surten sistemas de Infraestructura Hidráulica Agua Potable Rural (APR); sofoco a las posibilidades de desarrollo de potencialidades locales; y que los principales costos producto de esas “externalidades” son asumidas por las comunidades locales y los municipios.
Regresando a los dichos del director de la Amrbb, él opina que “si bien es cierto que para prepararnos para la próxima temporada debemos tener más brigadistas, helicópteros o carros de bomba, la solución va mas allá de esto. Hoy estamos sufriendo una debacle por una política nacional que ha ido fomentando las plantaciones de monocultivo”.
Finalmente, la autoridad comunal concluye que “nosotros como alcaldes estamos concentrados en poder tener un diagnóstico que aborde la problemática de los incendios desde la raíz. Nos preparamos con una propuesta que sea coherente frente al gobierno, al parlamento y a las autoridades regionales, para poder enfrentar esto de una manera más integral”.
Una de las iniciativas que ha surgido tras los siniestros, es la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcción para que se pueda prohibir el cultivo forestal dentro de las zonas urbanas.
Félix González, diputado ecologista y propulsor de esta modificación, declara que la medida también buscaría “entregarle facultades a los municipios para que puedan decidir dónde se puede plantar y donde no, en las zonas rurales. Eso permitiría a los municipios generar zonas de exclusión o cortafuegos”, aclarando además “que no se trata de esos cortafuegos del tamaño de un camino, que no son útiles contra los mega incendios, puesto que estos pasan por encima del camino”.
Agrega que tal iniciativa permitiría “generar un fraccionamiento de la masa forestal, de manera que no tengamos incendio como el que tuvimos en este verano desde el nacimiento hasta Santa Juana, que el incendio tenía cerca de 90 km de largo”.
El diputado recalca que “es una medida necesaria porque las condiciones de propagación de incendio por la crisis climática (altas temperaturas, grandes vientos, baja humedad) es algo que va a permanecer en el tiempo. Y una forma de resistencia es contener los incendios forestales, que son muy fáciles de que se produzcan, es cosa de que pase una persona con alguna conducta criminal que busque prender fuego, pero la propagación se extiende porque no hay límites establecidos de donde se puede plantar y donde no”.
Respecto de la fase legislativa en que se encuentra, Félix González indica que “este proyecto está ingresado desde el mes de enero, luego vino a receso parlamentario y ahora está en la comisión de vivienda de la Cámara de Diputados, en esa comisión es necesario que se pongan tablas y no se ha hecho todavía. Esperamos que se pueda tramitar este proyecto antes del próximo verano para que los municipios tengan la herramienta de obligar a establecer los cortafuegos de manera efectiva”.
Para que se entienda de mejor manera, el ecologista lo explica de otro modo: “El camino que sigue un proyecto es que primero se presenta. Luego la Secretaría lo deriva a una comisión, y esta comisión tiene sesiones, y cada sesión tiene una tabla, es decir, los temas a tratar en esa comisión”.
El senador Gastón Saveedra igualmente considera fundamental llevar a cabo esa modificación que permite separar las plantaciones respecto de las viviendas que están en el sector rural y del entorno. Según sus palabras “es lo que necesitamos para evitar los riesgos de desastres mayores que hemos visto en este tiempo”.
Sin embargo, el congresista también se refirió a otros proyectos de ley en materia forestal, como por ejemplo, el Servicio de la Biodiversidad y Áreas protegidas (Sbap), iniciativa ingresada en 2014 y que buscaría funcionar como reemplazo a la CONAF. Gastón Saveedra explica que “falta menos para que sea ley, pero hay una discrepancia con la cámara de diputados, por lo que pasa a ser comisión mixta. Es algo que espero que se concrete este año”.
Para que se entienda de mejor manera lo que es el Sbap, según la página oficial del Ministerio del Medio Ambiente, el proyecto de ley está estructurado sobre los siguientes pilares.
-Contar con un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile. Que integre dichas atribuciones y responsabilidad en un solo Servicio y coordine a los distintos actores en torno a su gestión sectorial, que tenga una mirada integrada de todo Chile, a lo largo de todos sus ecosistemas, tanto marinos como terrestres, dentro y fuera de áreas protegidas, y que su único foco esté en la protección de la naturaleza.
-Crear un único Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Snap), integrado por todas las áreas protegidas existentes en Chile, que permita fortalecer el principal instrumento de conservación del país, tanto marino como terrestre, público o privado.
-Asegurar que el Servicio promueva e incentive la conservación de la naturaleza también fuera de las áreas protegidas, incluyendo la creación de una serie de instrumentos que permitirán hacer frente a las principales amenazas que hoy enfrenta nuestra flora y fauna, como la gestión de especies exóticas invasoras.
-Dotar al Servicio de recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de su mandato y de instrumentos económicos que sean capaces de cubrir las brechas históricas de financiamiento en las áreas protegidas del país y la protección del patrimonio natural del país.
Gastón Saavedra revela que el proyecto de ley que protege el uso del suelo de bosques nativos en caso de incendios forestales “es algo que da para mas tiempo, porque deben modificarse las facultades que tiene el Minvu”. Esta medida, que fue ingresada en 2021, busca establecer limitaciones al uso del suelo de los terrenos incendiados y contemplar planes de reforestación de especies nativas en las tierras siniestradas.
Julian Corbett, encargado del Plan de Reconstrucción Regional “Biobío se Levanta”, afirma que ya se han planificado medidas preventivas para evitar futuros incendios forestales. Explica que “se está otorgando equipamiento a los municipios para que puedan mantener cortafuego o implementar un mayor número de ellos, de forma que no dependan de terceros para la disponibilidad de maquinaria”.
Agrega también que “por medio del trabajo colaborativo con Conaf, bomberos, Corma y el Gore se ha discutido sobre las brechas existentes en la región sobre la prevención de los incendios forestales, y se espera implementar medidas que nos permitan acortarlas”.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) por el momento desarrolla una serie de actividades de prevención de incendios forestales durante todo el año. Desde la institución explican que “contamos con un programa financiado por el Gobierno Regional, el cual estamos ejecutando en 20 comunas críticas que se denomina ´Prevención de Incendios Forestales en Zonas de Interfaz – Región del Biobío´. El presupuesto es cercano a los 3 mil millones de pesos y está destinado a evitar incendios forestales en las zonas de interfaz de nuestra región. Las principales acciones desarrolladas en él tienen relación con la preparación de comunidades ante la presencia de incendios”.
La corporación revela que “este año se ejecutarán alrededor de 147 comunidades preparadas, se contempla además la construcción de 116 kilómetros de mantención y/o construcción de cortafuegos y más de 150 actividades de entrega de volantes y/o información relativa a la prevención de incendios forestales en caminos o puntos de control carreteros”.
La institución indica que “en cuanto a educación ambiental, asociada a la prevención de incendios forestales, se ha trabajado en forma anual con cerca de 240 colegios, específicamente con cuartos y quintos básicos, llegando a más de 16 mil niños que han recibido información y capacitación en esta área”.
Conaf continúa diciendo que “también tenemos un programa denominado Foresta-Cuentos, que ha beneficiado 30 escuelas de zonas de interfaz llegando a 2.500 niños desde prekínder a primero básico. Este programa, también financiado por el Gobierno Regional termina su ejecución en el mes de agosto, sin embargo, ya estamos trabajando en forma conjunta para poder continuar con esta importante actividad en la temática de prevención”.
Finalmente, declara que “Conaf cuenta con profesionales que se dedican a la investigación de las causas de los incendios forestales. En la presente temporada ya hemos investigado más de 300 incendios. También tenemos que atender a todos los usuarios que nos solicitan autorización para eliminar sus rastrojos agrícolas y forestales. En esta región recibimos más de 2.000 solicitudes para uso del fuego en forma anual”.
En términos “neutros”, está la voz de Aníbal Pauchard, Profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y director del Instituto de Ecología y Biodiversidad, quien opina al respecto y de las posibles soluciones que puede haber en materia de prevención de incendios forestales.
Bajo su perspectiva, todo se reduce a que cada territorio rural tenga una adecuada planificación de por medio. A pesar de que a veces se apunta al pino y al eucalipto como especies “culpables” de los incendios forestales debido a la rápida combustión que tienen, el docente aclara que “no es que el pino el eucalipto sean malas especies, sino que simplemente es el uso exagerado que le damos en ciertos lugares ya que el modelo chileno se basa en plantaciones de especies exóticas de rápido crecimiento”.
“Debido a que las plantaciones son muy extensas, es que causa daño al ecosistema, ya que con el cultivo forestal se reduce la cantidad de bosque nativo, la cantidad de humedales y las zonas de río”, continúa el académico. Además, dice que, por consiguiente, los paisajes se vuelven menos “resilientes al fuego”, puesto que eliminan la multifuncionalidad en el ecosistema. También recalca que un paisaje con múltiples usos no solo son una buena alternativa para prevenir los incendios forestales, sino que también en la lucha contra el cambio climático.
Aníbal Pauchard especifica que no se trata de prohibir una especie, “sino que de donde la van a ubicar, cómo la van a manejar y cuáles van a ser las medidas de mitigación de los impactos que esta especie provoque (…) Cuando uno habla del problema de regulación, inmediatamente los sectores productivos se asustan y piensan que queremos regularlo todo y finalmente no va a ser posible tener esta actividad. Quiero aclarar que no es una regulación de prohibición, sino de buscar mejores opciones, algo que solo lograremos a través del diálogo”.
Finalmente, el académico UdeC concluye que “es cierto que quizá las plantaciones antes se quemaban menos. Pero con los actuales escenarios de cambio climático se van a quemar más. Entonces no podemos seguir haciendo las cosas como lo hacíamos hace veinte años hay cambios que asumir”.
