El denominado Perímetro de Exclusión terminó su tramitación legal. Lo que queda ahora es la firma de los contratos con los operadores y avanzar en su implementación. La autoridad tendrá más herramientas para fiscalizar el funcionamiento de los taxibuses.
En abril de 2017, la autoridad regional de Transportes inició las consultas administrativas y legales para generar una nueva regulación para el transporte público de pasajeros en el Concepción Metropolitano.
Y días atrás, tras cinco años, este proceso cerró una de sus etapas más importantes, porque luego de meses de ajustes y tramitación, la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón de lo que será la nueva forma de regular el transporte público en la zona, lo que tendrá como primer efecto el fin del denominado sistema licitado, que rigió desde 2005 y que fue ampliado sucesivamente hasta este año.
La noticia fue valorada por parte de los gremios de los taxibuses de la zona, que coincidieron en que era necesario actualizar el marco regulatorio del sector.
“Era una estructura que estaba debilitada, que estaba sin estabilidad y por tanto, las reglas del juego están definidas, hay un tiempo acotado para eso y obviamente así uno puede reinvertir, reiniciar un proceso distinto”, sostuvo Luis Quiroz, presidente de la Alianza Regional del Transporte de Pasajeros del Biobío.
En tanto, Arturo Giusti, presidente de la de la Federación Gremial Interregional del Transporte de Pasajeros, planteó que era una noticia esperada, pero que es necesario revisar el contenido de lo visado por la Contraloría.
“Todavía tenemos que ver en qué condiciones salió aprobado para poder firmar los contratos y seguramente vamos a tener un momento en que habrá que analizar los puntos en los que normalmente tenemos aprehensiones que son los temas de los planes operacionales, el plazo y otras exigencias”, señaló.
Ahora bien, esto no significa que esta nueva regulación se note “visualmente” en el corto plazo, porque en la práctica los taxibuses serán de los mismos colores que en la actualidad, la malla de recorridos se mantendrá. Además, ya operan hace rato en las actuales micros, sistemas de cámaras de video y gps que son también obligatorios en la nueva regulación. Incluso, la aplicación para teléfonos móviles Red Regional, que será lanza oficialmente este viernes, también ya está funcionando.
Entonces, ¿Dónde estará la diferencia? La primera es que con este nuevo marco regulatorio, los operadores estarán obligados a cumplir una serie de compromisos en el ámbito laboral y de la prestación de los servicios. Del mismo modo, el aporte del Estado a los operadores se hará en base kilómetros recorridos.
A modo de ejemplo de lo antes señalado, los conductores deberán estar siempre uniformados, deberán portar credencial con su nombre y apellido, además de estar visible. El cumplimiento del horario de trabajo se verificará de manera más estricta y deberán contar con seguro de vida.
Las máquinas (taxibuses) no deberán tener decoraciones. Mientras, que la entrega de información en torno a la operación de los recorridos y el cumplimiento de las frecuencias será más expedita de revisar para la autoridad y en un menor plazo.
En tanto, al igual como ocurre en el actual sistema licitado, el cobro del pasaje o tarifa estará regulado dentro de los contratos con los operadores y de la misma manera el cálculo de ese valor se realizará de manera mensual en base al polinomio de factores que son: la variación en el precio del petróleo (información entregada por Enap); el costo del mantenimiento, basado en información del INE (Indice de Precios del Transporte; el Costo de la Mano de Obra (indice del mismo nombre entregado por INE) y el valor del dólar (informado por el Banco Central).
En el caso el caso de la tarifa escolar, esta corresponderá al 33% de la tarifa adulta vigente al 31 de enero de cada año y su vigencia se extenderá por 12 meses.
Una vez que se firmen los nuevos contratos y se establezca el calendario de implementación de este también nuevo marco regulatorio, podría originar que el proceso de implementación del pago electrónico de la tarifa se acelere, dado que las bases permiten la implementación de este tipo de sistemas. Algo similar podría ocurrir con los planes pilotos para incorporar buses eléctricos a la actual flota, dado que existe el interés tanto de los operadores (empresarios)y de la autoridad (ministerio de Transportes) de avanzar en este tema.