Desde el gremio entregan versiones contrapuestas y desde el Ministerio se aclaró que no es un subsidio extra. Alcaldes piden que devuelvan dineros y parlamentarios que aumente la fiscalización. Tomé y Arauco, por su parte, piden mayor atención.
Uno de los problemas más complejos que está viviendo el Gran Concepción en este minuto es la movilidad de sus habitantes y una de sus aristas esta ligada a la poca disponibilidad de taxibuses.
De acuerdo a la propia agrupación de taxibuses, son aproximadamente 1.400 buses los que se encuentran circulando en la calle, una cifra insuficiente para la intercomuna.
A finales de 2021 el gremio advirtió a la autoridad con un alza de la tarifa a raíz del termino de un subsidio por $90 que se encontraba vigente desde noviembre de 2019, por lo que el valor del servicio debería quedar en $620.
Se conversó una metodología entre el gremio y el Ministerio de Transporte para canalizar esto. Lo primero, fue un alza escalonada cada tres meses de $10, lo que no se ha cumplido. Lo segundo, es la suspensión del polinomio y por último, una compensación a los operadores de enero a julio de 2022.
En este contexto, el gremio recibió $7.177.725.155 por tener circulando en las calles 1.928 buses, algo que a todas luces no se cumple.
Por esta situación, el diputado Leonidas Romero (Indep-Rep) ofició al Ministerio de Transportes sobre la situación, incluso habló de un posible fraude al fisco. “La locomoción colectiva debe funcionar y si anda el 50% de la flota en algunas líneas, es mucho. Si se comprueba esto, hay un delito y los responsables son los dueños de los taxibuses y las autoridades de gobierno”, dijo.
A principios de esta semana, el propio gremio microbusero reconoció que tenían sólo el 70% de la flota rodando por las calles a raíz de la falta de conductores, pero el viernes el presidente de la entidad, Alejandro Riquelme, matizó esas declaraciones y aseguró que las 1.400 máquinas que se encuentran actualmente en la calle corresponde al total de la flota habitual.
“Entre el 65% y 70% de la flota es la que la está circulando y esto ocurre, por una parte a la falta de choferes, y por otra, a que el 30% restante es la sobreflota que nosotros debemos informar al Ministerio”, sostuvo.
El dirigente es claro en que la flota habitual que debería estar circulando en el Gran Concepción es de 1.400 buses, así que “estamos en la cifra normal, hay que considerar que los buses fallan o se van a mantención”.
“No hay falta de micros. Estamos despachando en las frecuencias normales, pero en las mañanas se encuentran con los atochamientos, y los planes operaciones, en horario valle, tiene un despacho del 50% de las máquinas”, justificó el dirigente gremial.
Con respecto a los subsidios, Riquelme respondió que “esta compensación se paga por un servicio, que se calculó por un estudio de demanda del año 2008. Hay resoluciones de los ministerios, así que debe estar dentro de la ley”.
Antes del nombramiento de la seremi de Transporte, Claudia García-Lima, Diario Concepción consultó sobre este tema a la cartera. A través de un comunicado, firmado por la Seremi de Transporte, se manifestó que “esta compensación no significa un pago extra a los operadores de transporte, ya que todos estos montos y los meses que finalmente cubrirán el congelamiento de tarifa, considerarán la operación real de los servicios, datos obtenidos a través de los GPS que se encuentran operativos en los buses”.
Y agregaron que “el subsidio que ya fue cancelado a los operadores, de manera anticipada, se considera al momento de realizar los cálculos correspondientes a la evolución de los montos de las tarifas. Esto significa que sólo se pagarán nuevos recursos a los operadores luego de realizar el cruce entre el monto ya pagado, la operación efectiva de los recorridos, datos capturados a través de GPS y la variación real futura que tengan los indicadores que componen el polinomio”.
Esta situación ha causado molestia en algunos municipios del Gran Concepción, cuyos alcaldes emplazaron al gremio a devolver los dineros por los buses que no se encuentran trabajando.
Antonio Rivas, de Chiguayante, dijo que “el llamado es a todos los que hace uso de los recursos a que hagan un buen uso de ellos. Los empresarios se están ganando la plata sin mover un dedo y eso no es correcto”.
Su par de Hualqui, Jorge Constanzo, complementó que “esto es una irregularidad, se supone que ellos están haciendo el esfuerzo por solucionar esto, pero si hay un cobro del 100% y circular solo el 70%, no corresponde. Ellos debieran devolver la plata, porque no puedo cobrar por un servicio que no presto”.
El alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, dijo que “tenemos tres terminales en la comuna e invitamos a la autoridad a que verifican si están todos los buses en la calle, nosotros creemos que este subsidio se debe entregar a las máquinas que hacen el esfuerzo por estar en la calle. Se necesitan más micros en la calle, si se tiene que devolver o no el dinero, eso lo debe definir la autoridad pertinente, pero el servicio se debe prestar”.
El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, reconoció que los cerros son el sector que mayor problema tiene, incluso, impidiendo que los estudiantes puedan llegar a sus clases. “El Estado debe tomar riendas en el asunto y los empresarios deben rendir cuentas. Creo que el Ministerio debe resolver si se define una devolución de dineros, pero hay que hacer un buen uso de los recursos públicos”.
La falta de locomoción ha afectado a varias comunas, entre ellas, San Pedro de la Paz. El alcalde Javier Guíñez indicó que “hay un 30% de micros que no pueden salir a trabajar por la falta d choferes, y no podemos echarle la culpa a nadie. Las micros pararon hace dos años y los choferes buscaron otras pegas”.
El caso de Guíñez es particular, porque declaró ser propietario de dos microbuses que prestan servicios en la empresa San Pedro del Mar. Además, en su declaración de patrimonio, informó ser propietario en un 33% de la misma empresa.
Consultado, dijo que “aquí hay una flota y una sobreflota, por lo que hay un problema que debe resolver el ministerio. Ellos tienen la manija y yo quiero que las micros salgan a trabajar”.
Desde el Congreso consideran que la situación del transporte público se ha manejado de mala manera por las autoridades, tanto entrantes como salientes y no hacen juicio sobre algunas definiciones.
El senador y miembro de la comisión de Transporte, Enrique van Rysselberghe, respondió que “me imagino que cuando pidieron el subsidio estimaron que si podían sacarlas a la calle, pero que después las condiciones cambiaron. La autoridad sectorial tendrá que definir si devuelven el subsidio, pero lo urgente es que las micros salgan a la calle”.
Mientras que el diputado e integrante de la comisión de Transporte, Sergio Bobadilla, apuntó a que “esta es una situación compleja y tenemos un déficit de conductores, por lo que se debe aumentar la fiscalización para acreditar que todas las micros estén en la calle. Aquí se tiene que fiscalizar y como corregimos para adelante, porque la devolución de dineros no va a poner más micros en la calle”.
Los problemas de la locomoción colectiva también existen en otras zonas.
En Tomé, desde marzo comenzó a aplicarse el perímetro de exclusión, lo que permitió que el servicio de micros sea regulado hacia esa comuna, pero trajo consigo un cambio de frecuencias que ha perjudicado a los tomecinos.
La alcaldesa Ivonne Rivas explicó que “hemos tenido cambios de frecuencia, pasando de dos a seis minutos, maltrato a los estudiantes, cosas que antes no se veía de manera regular. Debemos hacer un trabajo muy fuerte en esta materia. Se suponía que era para prestar un mejor servicio y eso no esta ocurriendo”.
Mientras que en Arauco, recién este viernes lograron que una empresa pudiera retomar los servicios a las zonas costeras de la comuna, los que se encontraban suspendidos hace tres años.
“Nosotros necesitamos trasladar a estudiantes y funcionarios de la salud para que lleguen o salgan de la comuna y ya tenemos una respuesta para servicios urbanos y al borde costero de la comuna”, dijo la alcaldesa Elizabeth Maricán.