La Asociación de Contratistas Forestales, Acoforag, esta semana hizo un balance sobre hechos de violencia y el resultado es el siguiente: los ataques incendiarios desde el Biobío a los Lagos se habrían triplicado en el segundo mandato del Presidente Piñera.
La comparación no es cualitativa, sino que cuantitativa. De acuerdo a los datos proporcionados entre los años 2014 y 2017 (gobierno ejercido por Michelle Bachelet) se registraron 77 situaciones de violencia con 235 equipos destruidos, con un promedio de nueve comunas afectadas.
Mientras que desde 2018 a septiembre de 2021 llevan contabilizados 212 hechos que ellos califican con “ atentados”, con 763 equipos destruidos, promediando 23 comunas.
“Esta información es la base de nuestro reclamo permanente a las autoridades que han hecho oídos sordos a tanta destrucción y violencia. Al día de hoy, son 47 comunas de las 107 que componen las regiones del Biobío a Los Lagos, las que han sido sometidas al fuego y a las balas terroristas, donde los trabajadores son baleados, golpeados y secuestrados. El Estado de Derecho no existe y las instituciones que debieran proteger a sus ciudadanos no funcionan”, declaró el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz Klock.
El gobernador regional, Rodrigo Díaz, igualmente entregó una cifra. “Los hechos de mayor violencia que se han vivido en la zona centro sur del país ya casi llegan a los 900. Son varias regiones y a mi juicio es un problema grave y relevante que se lo hemos dicho en distintas formas al gobierno de Chile, que debe poner foco y atención para resolver los problemas. Es una voluntad privativa del Ministerio del Interior hacerse cargo de las personas (…) Ninguna otra institución del Estado de Chile está habilitada para brindarnos seguridad”.
Al ser consultado por estas cifras, el delegado presidencial, Patricio Kuhn, opinó explicó que si bien no comparte ciertas opiniones que se han emitido, “sí hay que reconocer que ha habido un aumento en hechos violentos. Hay que hacer la distinción que no todos son atribuibles a lo que llamaos violencia rural, sino que hay otro tipo de delitos diferentes. De todas maneras, todos ellos son graves y deben ser denunciados e investigados para poner los antecedentes y también a los delincuentes a disposición de los Tribunales”.
La autoridad de gobierno añadió que desde la creación de la Unidad de Coordinación de la Macrozona Sur, “se ha hecho una panificación y una estrategia en conjunto con las policías, lo que han dado entre otros resultados, 74 personas con distintas medidas cautelares, privadas de libertad y en espera de condena. Se ha hecho decomiso de camiones con madera robada, más que en años anteriores. También se han incautado armas y municiones. Y, algo importante que decir, sabemos que estas acciones policiales (con la Fiscalía) generan reacciones violentas. En general eso es lo que estamos experimentando en estos últimos meses”.
Fuente: Acoforag. Diseño Diario Concepción: Andrés Oreña.
