Hasta Contraloría llegaron los afectados de Galería Alessandri para jugarse su última carta y así evitar que definitivamente la concesionaria Food Court S.A. deba hacerse a un lado de los locatarios, tras 10 años de trabajo en conjunto.

Lo anterior,  puesto que el Ministerio de Bienes Nacionales al cesar la concesión con la empresa, aludiendo incompetencias en los plazos y cambios en los proyectos, no recurrió a un Tribunal Arbitral para tomar la medida, no respetando el contrato firmado por las partes, el cual especificaba que para dar término al contrato se debía recurrir a dicha fórmula.

“Esta segunda presentación ante Contraloría es para poner fin a la caducidad de la concesión que realizó Bienes Nacionales con causales que son erróneas y faltas a la administración. Queremos señalar que seguimos con Food Court S.A. en su proyecto, que hemos tratado de regularizar con todo lo que se nos ha pedido, como  el bajar los pisos y ajustarnos al PRC de Concepción, por lo que esperamos que la entidad  acoja nuestra petición. Seguiremos luchando hasta que no encontremos camino, porque de no hacerse nuestra galería va a morir”, sentenció  la presidenta de la Asociación Gremial de Comerciantes Establecidos de la galería, Teresa González.

Falta de juez arbitrario

El diputado (RN) Leónidas Romero, quien ha apoyado a los locatarios y a la concesionaria Food Court S.A. en la problemática, señaló que “el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit sabía que tenía que invitar a un juez arbitro como la ley lo estipula para terminar con la concesión y no lo hizo, por lo tanto, con esta nueva presentación le estamos diciendo a la Contraloría que se declare ilegal y se aboque a lo que corresponde”.

Agregó que, si él ministro Isamit quiere terminar la concesión, ojalá no sea así, tiene que convocar a un arbitral. Él es abogado y está baypaseando (sic) lo legal. Esperamos que en 30 días el Contralor Nacional, nos responda favorablemente, porque se faltó la legalidad”, manifestó.

Asimismo, el presidente del centro comercial Galería Alessandri, Marcos Garrido, añadió que “este tema se tiene que tratar como corresponde. En ese sentido, decirle al ministro Isamit que cuando él pone término al contrato con la empresa,  está cortándoles los brazos a 70 locatarios que llevamos toda una vida dándole identidad a la Región  y gestionando fuentes de empleo, por lo que, no podemos aceptar que de manera arbitraria él venga a decir que esto está zanjado, cuando jurídicamente eso no es así”.

Garrido, a su vez, enfatizó que “no podemos entender que en 14 años sólo hemos tenido trabas de todo tipo, incluso injerencia política. Lo hemos dicho responsablemente, porque precisamente en el último tiempo Bienes Nacionales, con estos ministros, hemos tenido situaciones de presión para sacar de foco a Food Court S.A., pero este proyecto está concebido con participación del Estado, inversionista privado y 70 microempresarios”.

En la presentación ante Contraloría, también estuvo el director de la Cámara de Comercio de Concepción y vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Turismo y Servicios (Fecomtur,  Arturo Della Torre, quien sostuvo que “vemos con espanto este error administrativo cometido por parte de este gobierno, por lo que esperamos que Contraloría le dé la razón a los locatarios y le devuelvan la concesión directa que tenían los inversionistas,  que los mismos microempresarios buscaron, ya que aquí no hay inversión del Estado”.

Della Torre aseveró que “no queremos  una nueva licitación pública y lleguen grandes tiendas a instalarse en un lugar estratégico de Concepción, queremos que los locatarios sigan en sus puestos de trabajo, con oficios que sólo se encuentran ahí. Estamos a disposición para ser el puente que llegue a las autoridades que correspondan y si tenemos que llegar a la Moneda para que esto se destrabe lo haremos”.