Ciudad

Crítica realidad ante falta de agua en sectores rurales

Población recibe recurso mediante camiones aljibes. Concejales tomecinos propondrán Mesa del Agua y alcaldesa Albornoz emplazó a autoridades ante crisis hídrica.

Por: Mauro Álvarez 21 de Julio 2021
Fotografía: Archivo

El regadío de plantaciones agrícolas se estima por sobre el 70% en Chile y, considerando que en la Región del Biobío cerca de 500.000 hectáreas están dedicadas a la producción agropecuaria, donde 100.000 son regadas, según información de Agricultura, se hace necesario contar con este recurso para el desarrollo rural.

En ese sentido, la falta del recurso no sólo es importante para las plantaciones, sino que para el consumo humano, teniéndose que abastecer a las zonas rurales, a través de camiones aljibes, coordinados por la delegación presidencial y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en pleno siglo XXI.

Necesidad rural

Desde el MOP, considerando el escenario de la pandemia, “durante el año en curso se duplicó la inversión respecto al 2020, sumando un total de $13.500 millones, para abastecer con agua potable a todas las localidades de las zonas rurales del Biobío y atender las necesidades derivadas de la Covid-19”, detalló la directora (s) de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Carolina Zambrano.

Tal es el caso de Tomé que, considerando que los esteros no dan la capacidad para abastecer a los sectores rurales, cerca de 1.800 personas, lo que se traduce en 500 familias, se llevarán a cabo estrategias, detalló el concejal, Felipe Romero (PEV).

“En los sectores no urbanos, con la política de los camiones aljibes no hay capacidad, porque la política no es la correcta, porque encarece con los recursos para poder sostener a las familias. Hoy, hay que apuntar a aplicar una nueva estrategia para sustentar a las familias y apuntar a la recolección de aguas lluvias, sobre todo en el invierno para tener una autonomía hídrica en los sectores, los meses subsiguientes”, comentó.

Agregó que “vamos a crear la Mesa del Agua, con el fin de que todos los actores de la comuna participen, no sólo los afectados, sino que los agricultores para que se den respuestas inmediatas ante la sequía y darle prioridad a los recursos para que el agua sea viable para el consumo. Además, solicitaremos otro camión aljibe, más la disposición de Tomé que tiene dos camiones, uno que está con desperfecto y que se tendrá que reparar, exigiremos otro alternativo que disponga el municipio”.

En la misma línea, el concejal Pablo Oliva (PEV) precisó que “estamos haciendo un proceso de diagnóstico en los sectores vulnerables, por lo que oficiaremos al municipio para que nos entreguen la información de todos los usuarios que reciben agua por camiones aljibes, tanto por el programa de la intendencia y el municipal”.

Desde el otro lado del Biobío, en Santa Juana, la realidad es similar a la tomecina, ya que 4.000 personas reciben agua por camiones aljibes.

“Nuestra realidad es dramática, es preocupante que las familias tengan que vivir con estas limitantes en el acceso al agua, lamentablemente el gobierno no ha tomado cartas en el asunto, donde quienes viven de la producción agropecuaria se han visto extremadamente limitados en su posibilidad de sobrevivencia, por lo que esperamos que tanto a nivel central, como también, el gobierno regional resuelvan esta gran crisis que vive la comuna”, expresó el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Ariel Ríos.

Lo anterior, considerando la posible contaminación por arsénico (contramuestra aún en evaluación por la Seremi de Salud), en el sector Tres Rosas y que afecta a 29 familias, dado a conocer por la alcaldesa Ana Albornoz.

“Es primera vez que tenemos una APR con presencia de ese metal y frente a eso, aún no llega el agua para dichas familias, llamo la atención a las autoridades para que no se siga postergando el recurso al sector. Hoy estamos entregando agua, a través de nuestros camiones aljibes, pero es insuficiente, porque son 50 litros por personas, muchos de ellos adultos mayores, por lo que es prioridad, es un derecho humano”, enfatizó la autoridad comunal.

 

 

 

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