Esta semana 60 personas se tomaron viviendas de integración social en San Pedro de la Paz. Voces regionales ahondaron en la “mala política habitacional” y responsabilidad del Ejecutivo regional.
Según datos proporcionados por el Servicio Nacional de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en la región existen 131 campamentos, de los cuales 90 se concentran en la provincia de Concepción, 24 en Biobío y 17 en Arauco, con un total de 6.346 hogares comprometidos (4.868 sólo en Concepción). Las comunas que registran más asentamientos de este tipo son Talcahuano y Lota.
En cuanto a la realidad de las tomas que, a diferencia de los campamentos habitan ilegalmente un terreno o propiedad sin ventas o títulos, como respuesta a la falta habitacional, existen en Biobío 71, con 7.988 familias comprometidas.
Las comunas de Curanilahue, Los Alamos y Lebu, en la provincia de Arauco, son las que presentan más casos con 11, 13 y 18, respectivamente.
En el caso de la provincia de Concepción las tomas se concentran en: Coronel (7), Lota (4) y Concepción (3). Todas suman un total de 502 familias.
“El Biobío ha tenido históricamente a muchas familias viviendo en campamentos, concentradas en Talcahuano y Lota. Pero hoy se han dado las tomas, las que han proliferado en todas las comunas, sin alcantarillado y sin abrigo, por la disminución en la entrega de subsidios, que se han dado en menos medida que en los gobiernos de la Concertación. Hay poca oferta”, sentenció diputado del Distrito 21, Manuel Monsalve (PS).
Otro de los puntos conflictivos es que “para optar a un subsidio es que tienen que pasar hasta 13 años para recién resolver el problema de vivienda, es decir, la política habitacional es mala. La gente no tiene tiempo de esperar, lo que se acrecentó aún más con la pérdida de ingresos por la pandemia de Covid-19, donde muchos que pagaban arriendos no pudieron seguir pagando yéndose a una toma”.
El diputado socialista sostuvo que “esta crisis es por una falta absoluta de la figura del intendente regional y del Ministerio de Vivienda, porque no están trabajando con ellos. Son ellos los que deben dar soluciones de viviendas, es un acto irresponsable”.
Opinión que comparte Eric Aedo quien fuera director del programa Chile Barrios, que nació hace 20 años en el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei, y que buscaba resolver la situación de los asentamientos precarios existentes a esa fecha y que tuvo gran éxito, logrando entregar solución a 291 campamentos y a 40.000 familias, tal como se planteó en su creación.
“Construimos una respuesta regional a las necesidades de los campamentos, diseños propios de las viviendas, precios entre 700 y 800 UF, adquisición de terrenos por parte del Estado para construir viviendas sociales, lo que hoy no se hace”, indicó el ex candidato a gobernador regional.
Aedo explicó que “el Gobierno Regional debería echar a andar una política de adquisición de terrenos para evitar que sigan proliferando campamentos y tomas, porque el subsidio a la vivienda social se le carga la compra del terreno, el mejoramiento y todos los estudios de ingeniería previos, lo que las hace poco atractiva para que las empresas quieran construir viviendas sociales”.
“Casos como la toma dada a conocer en San Pedro de la Paz se van seguir dando, si el Gobierno Regional no destina recursos para comprar terrenos y va a generar un conflicto social mayor, poniendo a pelear vecinos contra vecinos”, enfatizó el ex director de Chile Barrios.
“Las mujeres se han llevado la peor parte de la crisis sanitaria”
El sociólogo y parte del departamento de Sociología de la Universidad de Concepción (UdeC), Rodrigo Ganter, comentó que el aumento de tomas y campamentos, se potenció por la pérdida de empleos, la escasez de viviendas y el alza de los precios de los arriendos.
“La crisis económica y la pandemia ha venido a acelerar y profundizar las desigualdades y precarizaciones históricas, afectando de forma más intensa a los grupos y familias más excluidas de la sociedad, y donde las mujeres estarían llevándose la peor parte y el costo de esta crisis sanitaria y de vivienda, dado que este segmento es el que concentra mayoritariamente las jefaturas de hogar en los campamentos, además de las labores de cuidado”.
Agregó que “lo anterior obliga a repensar de manera urgente las políticas públicas y el rol del Estado en este ámbito, así como el papel que debe jugar una planificación urbana más integrada y participativa, que tenga como horizonte el derecho a la ciudad”.