Tras filtración de informe tanatológico hubo denuncias por eventual violación del secreto, pues este tipo de datos son reservados para terceros.
Pena, rabia y dolor. Esas sensaciones tiene la familia del pequeño Tomás Bravo tras la filtración del informe de la autopsia y que revelaría la causa de muerte del niño por hipotermia e inanición.
El problema radica en que ellos se enteraron del contenido del informe por los medios de comunicación y no por la Fiscalía.
Al respecto, el Servicio Médico Legal (SML) manifestó mediante un comunicado que “el informe con las conclusiones médico legales fue entregado por correo electrónico y oficio conductor, directamente a la fiscal a cargo del caso, Marcela Cartagena, el jueves 15 de abril a las 18:34 horas”.
Agregó que se inició un sumario para determinar responsabilidades en la filtración del documento.
Jocelyn Bravo, tía de Tomás, dijo que “la noticia la tomamos como un verdadero balde de agua fría, con impotencia, rabia y angustia. Llevamos dos meses esperando para enterarnos por la prensa que la causa de muerte posible sería natural, estamos afectados. Queremos que se solucione pronto y no sé si es real que el haya caminado hasta allá solito, es imposible”.
Tras conocerse el contenido del documento, la fiscal Marcela Cartagena determinó no abrir el correo electrónico que contiene el informe y oficiar a la Brigada de Cibercrimen de la PDI para que indague la cadena de personas que tuvieron acceso al informe tanatológico. Además no se pronunciará sobre el hecho hasta sostener un encuentro con ambas familias y sus abogados, que se concretaría este martes.
La molestia por la filtración de la pericia no fue sólo en las familias, sino que también en los abogados querellantes.
La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, presentó una denuncia por violación de secreto ya que este tipo de antecedentes son reservados para terceros. “Sin que la fiscal responsable de la investigación haya tomado conocimiento de la pericia, esta aparece filtrada en un medio de comunicación. Esto es de una inusitada gravedad, no sólo por el impacto que ha tenido la causa en la familia y en la sociedad, sino que también porque funcionarios públicos no cumplieron con el deber de mantener el secreto”, comentó Muñoz.
El abogado Alejandro Espinoza, de la Fundación Amparo y Justicia, que representan al padre del menor, sostuvo que “hemos documentado los errores y desprolijidades que se han cometido en el transcurso de esta investigación, en especial por los organismos auxiliares de la administración de justicia, particularmente el SML”.
Agregó que “se suma a la emisión de informes desprolijos, contradictorios y técnicamente mal fundados, las constantes filtraciones ilegales de los mismos a terceros ajenos a la investigación, afectando la misma y provocando un daño adicional a los padres y familiares de Tomás”.
A raíz de lo anterior, concretaron una denuncia criminal contra los funcionarios. En relación al informe filtrado, Espinoza prefirió esperar el resto de los peritajes pendientes para obtener conclusiones.
El jurista Pedro Díaz, que representa a mamá del niño, indicó que “no necesariamente nos vamos a quedar con esta información final. Vamos a realizar pericias durante la próxima semana. Quedan muchas dudas con este informe, si efectivamente esa es la causa de muerte, aún falta la data de muerte, que podría derivar en otros delitos como el secuestro”.