Coordinadora de Iglesias Evangélicas del Bío Bío dijo que no “es tiempo de demandas, sino de estar unidos”.
Sigue escalando la polémica por la realización de cultos evangélicos en la región del Bío Bío.
Ahora, la Unidad Evangélica de Chile decidió salir de las barreras naturales de nuestro país y recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que fije medidas cautelares para que el Estado de Chile actué frente a las actuaciones religiosas.
De acuerdo a la presentación, la Unidad acusa que “acá ha existido una enorme disparidad de criterios, que ha derivado en las violaciones de derechos humanos perpetuadas en nuestra región. Es la ausencia de un criterio nacional la que se ha prestado para estos abusos, de la mano de autoridades regionales que han dejado de lado su deber primero de velar por garantizar todos los derechos humanos, incluidos los nuestros”.
Al requerimiento ante la Cidh se agrega un recurso de amparo preventivo en la Corte de Apelaciones de Concepción con lo que pretenden evitar nuevas detenciones de pastores y una querella en el Juzgado de Garantía de Talcahuano por las lesiones que sufrió uno de los pastores detenido.
Carlos Adams es pastor evangélico y el abogado que presentó estas acciones judiciales explicó que en Chile no es satisfactorio que los tribunales se pronuncien sobre la situación. “Buscamos que se llame la atención al Estado para que se respeten las libertades religiosas, de conciencia y el derecho que tienen las iglesias a reunirse, pero acá lo único que se ha suspendido que las actividades religiosas”, expresó.
Eso si no todas las iglesias evangélicas comparten este tipos de acciones. Juan Marcos Godoy, presidente de la Coordinadora de Iglesias Evangélicas en el Bío Bío, manifestó que “no compartimos dicha acción, ni representa el espíritu del mundo evangélico en la zona. Creemos que no es tiempo de demandas, sino que para estar unidos para sacar el país adelante”.
En la actividad que dieron a conocer la presentación esta acción legal estuvieron presentes los dos pastores evangélicos de Hualpén que han sido detenidos por realizar cultos y que desencadenaron la acción judicial.
Néstor Riveros fue el primer pastor detenido por este hecho y dice que siempre cumplió con la normativa, incluso reconoció la realización de cultos privados para diez personas en plena prohibición. “Fuimos muy mal fiscalizados por carabineros, acá hay un hostigamiento tremendo a la iglesia, mirándola como un foco infeccioso y la discriminación que hay es terrible. Vemos cómo funcionan las ferias, supermercados o abren centros deportivos y es injusto que la iglesia esté cerrada”, apuntó.
En tanto, Leonel Espinoza, fue detenido el 24 de mayo, aseguró que cumplió todo los resguardos posibles para cumplir con la norma. “Demarcamos las distancias, tomamos la temperatura, y otros elementos de higiene. Según la constitución mi detención no estuvo ajustada a derecho y lo que más molesta es todo lo que se dice sobre el asunto. Me fiscalizaron tres veces y no encontraron nada”, manifestó.
Ambos pastores dijeron que la ambigüedad de la norma deja muchas dudas en la interpretación de los decretos.