La abogada criticó duramente la incapacidad que ha tenido el servicio en casos como el de la Residencia Nido de Hualpén y comentó que, como organismo que vela por el cuidado de los niños, llegarán hasta las últimas consecuencias del proceso judicial.
Tras conocerse los antecedentes sobre el abuso sexual de menores al interior de la Residencia Nido de Hualpén (colaborador acreditado de Sename), diversas entidades nacionales reaccionaron al tema para ejecutar las acciones correspondientes a uno de los casos más desoladores de los últimos años en la Región.
Uno de los organismos que entró en acción fue la Defensoría de la Niñez, que rápidamente interpuso una querella contra quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, de los delitos de violación de menores de 14 años en carácter reiterado, condiciones que se cumplirían en el caso de Hualpén.
En entrevista con Diario Concepción, Patricia Muñoz, abogada y defensora de la Niñez, dio a conocer los antecedentes del hecho, criticó duramente la actitud del Sename y respondió a la crítica que el seremi de Justicia del Bío Bío le hizo hace algunos días.
– ¿Cómo se enteraron del caso de la Residencia Nido de Hualpén?
– A través del programa “Mi Abogado”. Ellos han realizado las curadurías de los niños que estaban en esa residencia. Por la gravedad de los hechos y reconociendo nuestra función como Defensoría de la Niñez, estimamos pertinente informarnos. De inmediato presentamos la querella para lograr que se investigue a todos quienes participaron en esta inaceptable vulneración de derechos de los niños.
– El rumor sobre abusos en el hogar comenzó a circular hace varios meses. ¿Por qué las autoridades demoraron tanto en cerrar el recinto?
– Desde la perspectiva de los derechos de los niños involucrados, no existió ninguna justificación para no cerrarlo de inmediato. Acá me interesa relevar el trabajo hecho por el programa “Mi Abogado”, que desde el inicio solicitó judicialmente el traslado de todos los niños de esa residencia. El programa se encontró con la oposición del Sename que no quería trasladarlos. Además, se encontró con resoluciones como las emitidas por el Tribunal de Familia de Concepción, que sin considerar el interés superior de los niños expuestos a procesos de revictimización o de contaminación de sus relatos, resolvía que no se trasladaran para no perder la competencia respecto de la ubicación de los menores. Gracias a la decisión tomada por el subsecretario de Justicia, ya no hay ningún pequeño en esa residencia.
– Considerando que en el Bío Bío durante los últimos años se han suscitado varios casos similares al de Hualpén, ¿qué análisis puede hacer del Sename como ente fiscalizador?
– Creo que existe una incapacidad real de fiscalizar, controlar y cumplir con el rol que tiene de proteger efectivamente los derechos de los niños y adolescentes que están bajo su cuidado. El servicio no puede olvidar que por más que delegue la intervención a un ente colaborador, nunca podrá delegar la responsabilidad (como órgano estatal) que tienen de resguardar los derechos de los niños. El servicio hace tiempo que no cumple este rol. Insistimos en que esta institución y el sistema de protección necesitan una reforma estructural real que aún no se produce. La situación es crítica.
– ¿El sistema actual ya no resiste?
– Hace mucho que no resiste. En 2018, Chile fue investigado por el Comité de los Derechos del Niño. El organismo emitió un informe lapidario y vergonzoso para cualquier país, donde se sostiene que, durante los últimos 40 años, se han violado grave y sistemáticamente los Derechos Humanos de los niños bajo cuidado estatal. Las recomendaciones de esta investigación nunca se ejecutaron. Esto manifiesta incapacidad de quienes ejercen las funciones en el Sename.
– El Estado trabaja con varias residencias privadas como Nido de Hualpén. ¿Qué opina sobre este nexo con recintos particulares?
– La relación del Estado con los niños debe ser un punto prioritario y centrarse en una responsabilidad directa a través de la administración directa de un servicio estatal sin necesidad de delegarla. Si no es posible y se opta por acudir a mecanismos para que privados participen colaborando con la gestión del servicio, en ningún caso se exime la responsabilidad directa del Sename en la protección. Si se delega a privados, el servicio debe prevenir la vulneración de derechos en estos recintos. Lamentablemente, esto no ocurre. El mecanismo debe ser modificado. Después del caso de Hualpén, ¿qué debe pasar para que esto cambie?
– ¿Cuáles serán los pasos a seguir en este caso?
– Que la Fiscalía formalice a la brevedad a la persona querellada por la comisión de estos delitos. Esto aún no ocurre. La actitud que mantiene Sename y el comportamiento judicial del Tribunal de Familia de Concepción no son acordes al caso. No puede ser que las instituciones no pongan en el centro el bienestar de los niños involucrados. En cada acción judicial presentada, tenemos la convicción de llegar hasta las últimas consecuencias del proceso. En este caso, esperamos que se determinen las responsabilidades penales a todos quienes hayan participado de estos hechos, tanto agresores sexuales, como a encubridores. Las diligencias que solicitamos a Fiscalía implican investigación y responsabilidades penales a todos los involucrados.
– Días atrás, el seremi de Justicia, Sergio Vallejos, en un carta dirigida al Consejo Regional, dijo que usted vulneró el derecho de los niños involucrados al hacer público el caso. ¿Qué opina al respecto?
– El seremi no está informado, porque también hizo alusión a que se trataba de un emplazamiento de la Corte por cómo habíamos conocido el caso. Está lejos de la realidad. Es derecho de la ciudadanía enterarse de cómo se vulneran los derechos al interior de una residencia que está destinada a proteger a los niños. Nosotros siempre seremos transparentes con el país. Daremos cuenta de nuestro accionar y los mantendremos informados sobre las acciones legales que se tomen en contra de quienes sean responsables. Los medios deben estar al tanto de estos hechos.